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Este documento analiza un caso judicial presentado ante la corte suprema de justicia de colombia, donde se discute la protección legal al salario y a las prestaciones sociales de un funcionario municipal despedido. El caso involucra la desvinculación laboral masiva ordenada por un decreto, la falta de pago de cesantías a algunos empleados y la interpretación de la constitución política y del convenio 95 de la oit.
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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Karla fajardo rincón I. IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA:
Estoy de acuerdo con la decisión proferida por la corte, ya que las prestaciones son dinero extra que el empleador debe reconocer al trabajador, en virtud de la prestación de un servicio mediante un contrato de trabajo y las cuales no son constitutivas de salario como lo regula el artículo 128 del código sustantivo de trabajo por lo consiguiente son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. De igual modo, ningún empleado puede renunciar a estas prestaciones mínimas que le brinda la ley laboral. Lo anterior significa que el pago de salarios y de prestaciones sociales es una obligación del empleador, el cual se debe realizar de manera oportuna y completa para evitar que dicha tardanza lesione los derechos de su subordinado y no solo los derechos laborales sino también una afectación al mínimo vital teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores únicamente dependen del salario que devengan y a su vez el único medio de sustento para su familia. Y no dejando a un lado que todos los derechos laborales que se están mencionando en dicha sentencia están amparados constitucionalmente para dar garantía a los derechos que tienen los trabajadores como lo son: protección al salario, prestaciones sociales y pago oportuno de dichas remuneraciones.