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Una revisión histórica y legal de la responsabilidad de la Administración Pública en España, desde su primera mención en el Código Civil de 1889 hasta la Constitución Española de 1978 y las leyes subsiguientes que han definido y regulado esta responsabilidad. Se abordan los antecedentes de la Administración Pública, la regulación general y las regulaciones de interés, incluyendo la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Real Decreto Legislativo 7/2015 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Tipo: Resúmenes
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Bienvenido al módulo "Antecedentes y regulación vigente" del curso LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ¡Veamos los puntos más relevantes que vamos a trabajar!
Bienvenido al módulo "Antecedentes y regulación vigente" del curso LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ¡Veamos los puntos más relevantes que vamos a trabajar! Antecedentes de la Administración Pública, Regulación general, Regulaciones de interés
Código civil de 1889
En la que empieza a hacer referencia a dicha institución, aunque no propiamente a la Administración ...
En la que empieza a hacer referencia a dicha institución, aunque no propiamente a la Administración Pública.
1931
Constitución República
Tenemos que remontar nos a más adelante en el tiempo y hacer referencia a la Constitución de la Repú ...
Tenemos que remontar nos a más adelante en el tiempo y hacer referencia a la Constitución de la República en 1931, en la qué si nos podemos encontrar la responsabilidad subsidiaria del Estado, la cual esta mas encuadrada en el concepto actual.
1950
Ley Régimen Local 1950
Posteriormente ya en la ley de régimen local de fecha 16 de diciembre de 1950, es dónde empieza a co ...
Posteriormente ya en la ley de régimen local de fecha 16 de diciembre de 1950, es dónde empieza a comprarse una responsabilidad directa o subsidiaria de los entes locales lo cual viene a vincular directamente a la administración.
1954
De acuerdo con el marco constitucional descrito, la Ley 39/2015 regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.
Lo que origina la responsabilidad patrimonial de la Administración son las siguientes circunstancias:
La constitución se convirtió en el definitivo arranque de lo que hoy conocemos como la responsabilidad de la Administración Pública, que posteriormente aparecería y desarrollaría en las regulaciones legislativas en el ámbito Administrativo, como en el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recordando que en la actualidad ha habido una reforma que dio origen a la ley 39/2015 y 40/2015.
Pero todo lo que hemos señalado se refiere a regulaciones anteriores a la Constitución de 1978 y qué es a partir de entonces cuando encontramos la institución propiamente dicha…
De acuerdo con el marco constitucional descrito, la Ley 39/2015 regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa…
Según la doctrina, a modo de introducción indica que , lo relevante es:
Según la doctrina, a modo de introducción indica que, lo relevante es:
Entre la regulación menor debemos señalar el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en concreto su artículo 48 que señala:
“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:
La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración. Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.
Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa.
La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística.
La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa.”
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A continuación responde a las preguntas que se formulan en el test para reforzar los contenidos vistos en esta unidad.
Otras regulaciones de interés que podemos encontrarnos son:
A continuación resuelve este ejercicio que se fórmula para reforzar los contenidos que hemos trabajado anteriormente.
Enhorabuena, buen trabajo, has finalizado este módulo.