INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN.-
Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 15:
Dr. Torquatto Mitre, Defensor Público Oficial, en la causa Nº 14.765 (I.P.P. Nº
132.876 del registro de la U.F.I Nº 1 Departamental), caratulada “ARON, Carter s/ delito de
amenazas agravadas por el empleo de armas; en concurso real con el delito de coacción
agravado por el uso de armas”me presento ante V.S y respetuosamente digo:
I.- OBJETO
Que vengo por el presente conforme las previsiones contenidas en los artículos 439, 441,
442, concordantes y complementarios del Código Procesal Penal de la Provincia de
Buenos Aires, a interponer recurso de apelación contra el resolutorio de fecha 6 de marzo de
2023, que deniega la excarcelación extraordinaria del Sr. Aron Carter causando un perjuicio
de imposible reparación ulterior.- Fundo mi petición en la cual rige el principio de la regla
general de libertad durante la tramitación del proceso (artículo 144 del rito) encuentra
fundados límites en cuanto se la pone en relación con los fines propios del proceso penal,
enderezados a la averiguación de la verdad, la recolección y conservación de los elementos
de prueba pertinentes evitando que el imputado los haga desaparecer o de otro modo los
modifique en su carácter incriminante, o, directamente, se de a la fuga a fin de evitar el
cumplimiento de una eventual sanción.
II.- AGRAVIOS CONCRETOS
A- La resolución atacada vulnera el principio de proporcionalidad y de subsidiaridad.
B-La resolución denegatoria contraria del espíritu de la ley.
Ahora bien, el a quo lo único que debe considerar el magistrado interviniente para dirimir si
excarcela o no a una persona son las limitantes que resultan del art. 319, en cuanto “la
objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la
declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si este hubiera
gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo
intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”
La constitución nacional y los tratados internacionales como lo es la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos (ver artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna).
Por dicho Tratado, se encuentra garantizada la libertad personal de los individuos sometidos a
proceso, lo que deviene cardinalmente del principio de inocencia, la que no puede ser
soslayada en el moderno y vigente derecho, como conquista frente al oscurantismo medieval
que subyace en algunas leyes procesales inspiradas en un procedimiento inquisitivo
felizmente superado, potenciador de claras violaciones a no respetadas pero vigentes
libertades individuales. Así surge del articulado del Tratado citado que establece, en su
artículo 8 inciso 2º que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Ello se complementa con lo
dispuesto por el artículo 7 al establecer que “1º) Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personales… 3º) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios.”
