DOCUMENTO PROCESO LICENCIA SIN CONSTRUCCION.
-. Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda, por lo cual si analizamos el inicio del articulo una
vivienda digna no implica el hecho de tener cuatro paredes para un mínimo vital, sino que
también implica acceder un hogar donde se pueda vivir en paz, dignidad, salud física y mental,
motivo por el cuál es de tener conocimiento de que la persona demandada no tiene estas
condiciones ya dichas ya que construyo una casa prefabricada sin cumplir con estas calidades.
-. debe señalarse que las normas urbanísticas son disposiciones de orden público que buscan
regular el desarrollo territorial en el país. Por lo tanto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que su aplicación es inmediata de manera que “plantear derechos adquiridos
frente a la existencia de la norma urbanística conlleva un desconocimiento de las
competencias asignadas por la Constitución (…) y la ley (…) a los Concejos Municipales o
Distritales y a las autoridades territoriales para reglamentar los usos del suelo, Por lo tanto, se
ve que las normas urbanísticas generales otorgan derechos e imponen obligaciones a los
propietarios de terrenos y a sus constructores, así como también especifican los instrumentos
que deben emplearse para contribuir eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano.
En desarrollo de estas competencias, el artículo 99 de la ley en mención determina que para
adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento
estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones en
predios urbanos y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la
licencia urbanística correspondiente. Como se verá en el siguiente acápite, esta debe ser
expedida por un acto administrativo particular y concreto por la respectiva autoridad
municipal o distrital competente, y de conformidad con lo establecido en el POT.
-. Ahora bien, es importante señalar que la Ley 388 de 1997 no solo le otorgó a las entidades
territoriales una facultad de ordenación urbana para expedir el POT, sino que también les
concedió una faceta de control sancionatorio a las contravenciones a las normas urbanísticas.
Por esta razón, en su artículo 104 establece que los alcaldes y demás autoridades competentes
están autorizados para adelantar las actuaciones administrativas tendientes a hacerlas
cumplir. En ese sentido, este artículo contempla que estas pueden imponer sanciones i) de
orden pecuniario, las cuales consisten en multas que varían según el tipo de infracción y el
metraje que la configure; y ii) de demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin
licencia, o de la parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia.
-.La protección constitucional al espacio público./ el artículo 63 Superior establece que los
bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de manera que los
particulares no pueden ejercer derechos reales sobre estos y, por lo tanto, no es posible alegar
derechos adquiridos a lo largo del tiempo.
