en Colombia en el marco de la Justicia Transicional
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
En Colombia se empezó a hablar de un modelo de justicia transicional con la Ley 975 de 2005 y posteriormente, la Ley 1448 de 2011;
ahora bien, resalto la importancia de este mecanismo de Justicia Transicional puesto que esta Ley dicta disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y tiene por objeto el facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva; garantizando con esto, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Esta Ley nos permite entender además, que por grupo armado organizado al margen de la ley, es aquel reconocido como grupo de guerrilla
o de autodefensas, o sus bloques que se deriven; los menciona directamente; además, esta Ley propende a institucionalizar los procesos
de reconstrucción de memoria histórica por parte del Centro Nacional de Memoria, que documentan el conflicto armado colombiano en
aras del reconocimiento, la asistencia y el acompañamiento de las victimas.
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011)
Reconozco que la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras resulta ser un perfecto engranaje en
la política transicional cuando abre espacios hacia escenarios de posconflicto más estructurados y sensibilizados; se reconoce a la victima
del conflicto armado y pretende su reparación integral.
Además, para nadie es secreto que Colombia ha atravesado un conflicto socioeconómico, político y armado muy marcado y que como lo
expresa la Ley, “sus causas han sido largamente discutidas” hoy día, existe un factor descisivo ante las disputas por la tierra y los
territorios como fuente de poder político y económico; pues precisamente esta Ley crea un procedimiento específico que permite la
restitución de tierras, y además, define y desarrolla el alcance del enfoque diferencial.
Acto Legislativo 2 de 2001 / Ley 742 de 2002
Considero importante resaltar este hito en la historia de nuesrto país sencillamente porque reconoce a la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional y consecuentemente, se aprueba en 2002 el Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002), erigiendo con esto, un sistema jurídico
de rango supranacional y de carácter permanente e independiente, que determina la responsabilidad penal de aquellos individuos o
colectivos que hayan cometido crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Cabe resaltar que este estatuto compatibiliza con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de DD.HH y que consagra la obligación
de los Estados vinculados a respetar los derechos reconocidos universalmente y de investigar a quienes los vulneren.
MECANISMOS IMPLEMENTADOS
Por John Londoño