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El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos*
Adolfo León Atehortúa Cruz^ Diana Marcela Rojas Rivera *******
Resumen El contenido del presente artículo cubre las primeras décadas del tráfico ilícito de drogas emprendido desde Colombia hacia Estados Unidos. Su singularidad estriba en el análisis de los mecanismos empleados por los actores en examen (los pioneros y los grandes capos), para responder a los desafíos planteados por su actividad ilícita y a la persecución en contra de ella.
Palabras clave: Narcotráfico, Historia del narcotráfico, Capos del narcotráfico en Colombia, Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, Narcoterrorismo, Cartel de Cali, Cartel de Medellín.
Abstract The present article comprises the first few decades of illegal drug trafficking from Colombia to the USA, featuring a unique analysis of the tactics employed by the subjects involved (from pioneers to prominent drug lords) in dealing with the challenges of their illegal activities and the chasing brought upon them.
El tráfico ilícito de drogas no es un asunto reciente en la historia de Colombia y los países andinos. Se sabe, como verdad de apuño, que el cultivo de la coca registra su existencia desde la cultura indígena en tiempos precolombinos. Hallazgos arqueológicos, cronistas de indias e investigadores contemporáneos, coinciden al ubicar su presencia y uso en antiguos hayales^1 (Friede, 1944, p. 210), en tempranas épocas aymará, o en valles y selvas de yungas preincaicas en Perú y Bolivia^2 (De Matienzo, 1978; Murra, 1978), así como su “mambeo” o masticado por atávicas tribus andinas. Su carácter legal y su comercio fue materia de discusión entre clérigos y colonizadores hasta que el pragmatismo se impuso en las mitas y centros de explotación minera (Polo de Ondegardo, 1990), o hasta cuando se le fijó tributo en las audiencias virreinales.
*Artículo tipo 2: de reflexión, según clasificación de COLCIENCIAS. Hace parte del proyecto de
investigación "Relaciones Estados Unidos - Colombia en las últimas décadas del siglo XX", con la participación del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales del IEPRI y el Grupo de Investigación Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales Universidad Javeriana-Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Titular Departamento de Ciencias Sociales Universidad Pedagógica Nacional
adolate@pedagogica.edu.co ***Profesora asociada, Investigadora y docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI. dianamarcelarojasr@gmail.com (^1) Según Juan Friede, poco después de la conquista se conservaban aún ciertos hayales o cocales en el
trayecto de Vélez a Santa Fe de Bogotá. (^2) Juan De Matienzo, por ejemplo, menciona su consumo en “nobles”, “sacerdotes” y “yaravecs” incas.
Jhon Murra señala zonas dedicadas al cultivo entre incas, grupos camayos y mitimaes.
Sin embargo, el presente artículo no pretende referirse a esa parte tan antigua de la historia de las drogas en el continente americano. Como se advirtió en el resumen, su temática se ubica en las primeras décadas del tráfico ilícito de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y, en particular, analizará los mecanismos empleados por los actores en examen para responder a los desafíos planteados por su actividad ilícita y a la persecución en contra de ella.
En este sentido, consideraremos el contexto en la aparición de la generación inicial de narcotraficantes; sus sucesores, los llamados "carteles de la cocaína" , e identificaremos los elementos que hicieron posible la configuración de estas organizaciones relativamente estructuradas, centralizadas y reconocibles, capaces de ejercer un control casi total en las distintas etapas del negocio. De igual manera, intentaremos una caracterización de tales carteles a través de diversos aspectos como el origen social de sus integrantes, la estrategia empresarial desplegada, la relación con las autoridades y el mundo político, así como las estrategias de control y mantenimiento del negocio.
1. El motor del tráfico. Estados Unidos: “mea culpa”
La Guerra de Indochina se inició con el levantamiento del Viet Minh tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque Francia intentó retener la “joya del imperio” con sus riquezas de caucho, arroz y opio, el apoyo que la triunfante China de Mao Tse-Tung brindó a las fuerzas de Vo Nguyen Giap y Ho Chi Minh imposibilitó su propósito. Las aspiraciones coloniales cayeron en 1954 y Francia reconoció la soberanía de Vietnam en dos Estados, seguida por la celebración de un referéndum donde los vietnamitas decidieran su reunificación o su separación definitiva.
Los nacionalistas del sur optaron por asestar un golpe de estado al principal aliado de la potencia europea, el emperador Bao Dai, e iniciaron con el más decidido apoyo norteamericano la Segunda Guerra de Indochina, más conocida como Guerra de Vietnam. Bao era el más grande productor y comerciante de opio asiático y quienes lo destronaron, Ngo Dinh Diem y Van Minh, heredaron todo su poder, incluida la riqueza sobre el opio.
A instancias de la CIA, los hombres de Diem empezaron a utilizar aviones norteamericanos para transportar armas y suministros en apoyo a las fuerzas del Kuomintang que resistían contra Mao y luchaban contra la guerrilla comunista en Laos. Las operaciones de regreso se utilizaron para cargar las aeronaves con opio, a la vista de todo el mundo, para financiar la naciente guerra en Laos y Camboya. Las compañías aéreas, establecidas por la CIA, fueron popularmente bautizadas como "Air Opium".
En medio del terror y de la corrupción, Diem soportó la lenta construcción de un movimiento de liberación inspirado en la guerra de guerrillas: el Vietcong. Los monjes budistas, aterrorizados por la descomposición e incompetencia del régimen, fueron los mejores propagandistas de la oposición: se quemaban vivos en protesta por la represión e inmoralidad del gobierno que Estados Unidos sostenía.
defensa de Kennedy, Robert McNamara, fue uno de los primeros hombres públicos en expresar sus dudas frente a la guerra. Según su criterio, la iniciativa estaba a merced de los comunistas y eran ellos quienes elegían las bajas a sufrir o a infringir en sus oponentes: “mantendrán sus pérdidas a un nivel lo suficientemente bajo como para poder aguantar indefinidamente; pero lo suficientemente alto para tentarnos a aumentar nuestras fuerzas hasta el extremo de que la opinión pública norteamericana rechace la guerra”^5.
La llamada Ofensiva del Tet, con la toma de 38 de las 52 capitales de Vietnam del Sur y el asalto a la propia embajada americana en Saigón, quebró la campaña de ilusiones estadounidenses y colapsó la moral y disciplina de la tropa (Breve historia del Partido de los Trabajadores, 1974). En 1968 el sesenta por ciento de los soldados en Vietnam consumía marihuana y un porcentaje suplementario, heroína. Hombres armados y drogados empezaron a atacar en forma indiscriminada a la población civil. El Teniente Calley, enjuiciado por la horrible matanza de My Lai, confesó su obstinada adicción a las drogas^6 (Grinspoon, 1971; Camacho, 1988). La misma policía vietnamita les vendía dosis con graciosas marcas: "Doble U-O" Y "Tiger and Globe". Siempre se dijo que ésta última era producida con participación militar en las instalaciones de una fábrica de pepsi-cola que nunca produjo una sola botella de la gaseosa. Pero, además de ello y como sucedió en Corea, el enemigo vietnamita se las ingenió también para afectar a las tropas norteamericanas y proveerlas en exceso de droga. Las cantidades eran incluso suficientes para una exportación masiva: las bolsas y ataúdes con los cadáveres de los soldados muertos en servicio, empezaron a traer heroína a las ciudades norteamericanas.
El ejército y la CIA, sin embargo, tomaron la decisión de no interferir aquella red de narcotraficantes. Una vez más, el temor al “efecto dominó” fue determinante. El débil poder que protegían se vendría abajo perdiendo a Laos y a Camboya. Frente a los reclamos del Congreso, los militares restaron importancia al asunto con el argumento adicional de que el consumo ayudaba a soportar las tensiones de la guerra. No faltó el médico que, con la misma lógica de los generales, aprobara el consumo. La preocupación se redujo a impulsar la preferencia por la marihuana frente a la heroína y a forzar una estadía de los soldados en bases americanas europeas, antes de su repatriación definitiva. La consecuencia, según algunos autores, fue peor. Por esta vía, el comercio del hachís y la heroína se propagó en Alemania (Bher, 1981). Frank Lucas, un mafioso de Harlem cuya vida y carrera fue llevada al cine bajo la dirección de Ridley Scott, sólo fue capturado y procesado en Nueva Jersey cuando la Guerra de Vietnam vislumbraba su ocaso irremediable. Al fin y al cabo, las víctimas de su distribución eran negros de estratos bajos.
Los bombardeos masivos e indiscriminados contra ciudades enteras como Hanoi, el uso de agentes químicos contra la vegetación y la población, las masacres y crueldades de una guerra retransmitida por primera vez en los medios de comunicación, generaron rechazo en una juventud cuyos padres
(^5) Citado por http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietnam. Consultada realizada el 22-03-2008. (^6) Debe recordarse, no obstante, que la relación de causalidad entre consumo de marihuana y conducta
criminal no ha sido clara para la ciencia y que el argumento surgió en ocasiones para buscar rebaja en las penas o para condenar y aterrorizar al consumidor.
habían vivido el sobresalto de Pearl Harbor y el horror de la Segunda Guerra Mundial. Al lado de miles de soldados repatriados, la juventud estadounidense optó también por la generalización del consumo como repudio a la guerra. El movimiento hippie fue una de las tendencias más acogidas por una mocedad que odiaba la violencia, que temía ser enlistada, y que prefería abstraerse en el rock psicodélico, la revolución sexual, la marihuana y el LSD. Iniciado en California, el movimiento se extendió hacia el este del país y se convirtió en propulsor, sin proponérselo, de la marihuana de origen mexicano. El “verano del amor” en 1967, fue el preludio del jamás olvidado festival de Woodstock en
El hippismo, como en general los valores contraculturales de la llamada “Generación Beat”, encarnó el repudio a las estructuras de poder, a la guerra y al capitalismo, que pronto empezó a exigir marihuana y cocaína al sur del río Bravo. La impotencia frente a Vietnam buscó en la droga la atenuación de la rabia y el dolor. La rentabilidad que arrojaba el comercio de la droga impulsó una mafia heredada del tráfico de licor, de los juegos clandestinos y del dominio callejero que, con raíces sicilianas, experiencia en Chicago y contactos con los recientes exiliados cubanos, buscó en México y luego en Colombia el producto necesario para surtir su mercado.
Saigón cayó en 1975 con un saldo final de 58.169 soldados norteamericanos muertos, 304.000 heridos y 2.029 desaparecidos. Las amputaciones y secuelas permanentes fueron tres veces superiores a las obtenidas por el mismo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial^7. Aunque Richard Nixon fue reelegido bajo la promesa de acabar con la drogadicción, ésta no se detuvo nunca. Para combatirla, el estado formó la Drug Enforcement Agency, DEA, con 200 millones de dólares para "acciones encubiertas". No se destinó un centavo para ayuda terapéutica al adicto ni, mucho menos, para una educación preventiva dirigida hacia los jóvenes. Un analista americano, Barrington Moore, explicó la situación en 1978 al señalar el espaldarazo que la represión brindaba al incremento de los precios y a la utilidad de los traficantes. La corrupción era sutilmente pagada por las mafias del tráfico, del lavado de dólares, de la venta de químicos y armas, que tenían ciudadanía norteamericana (Moore, 1989).
2. Los pioneros
Aunque el contexto anteriormente descrito facilitó y exigió la participación de nuevos surtidos y mercados para el comercio ilícito de drogas, es necesario precisar esta hipótesis. La Guerra de Vietnam es, ante todo, un motor - inductor para el consumo y tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos. No es causa única ni suficiente. Se convirtió, simplemente, en el fenómeno que propulsó un consumo masivo de heroína y marihuana que requirió de nuevos proveedores para una red de tráfico destinada a ampliarse.
En Norteamérica, debe advertirse, existía con antelación un importante mercado de heroína que heredó del mercado ilícito del whiski una organización con tentáculos internacionales bajo la dirección de Lucky Luciano, Meyer Lansky y
(^7) http://www.elmundo.es/internacional/vietnam/enlaces.html, consulta realizada el 24 de marzo de 2008.
El total de soldados que sirvieron en Vietnam, según la fuente, fue de 2.590.000.
El tráfico ilegal de marihuana, sin embargo, no tuvo extensión en el tiempo. Hasta mediados de los setenta, el principal exportador a los Estados Unidos era México. Por la persecución a los traficantes en este país, que incluyó fumigaciones masivas con paraquat, y la suavidad del producto colombiano, la primacía se trasladó a Colombia. Pero la “bonanza” fue flor de un día. Según algunas fuentes, el consumo de marihuana en el país del norte empezó a descender a partir de 1977, sustituido por la cocaína. Al mismo tiempo, el consumidor empezó a preferir las variedades “sin semilla”, producidas en Jamaica o en el propio Estados Unidos.
A mediados de los noventas, México fue de nuevo el principal exportador a Estados Unidos, hasta que la variedad doméstica desplazó casi por completo a las importaciones (Tokatlian y Bagley, 1990). La variedad californiana alcanzó una mayor concentración de tetrahidrocannabinoles (THC), que la hizo más psicoactiva y apetecida en su propia clientela (Gómez, 1991). No obstante, gruesa parte de los dólares producidos por la bonanza marimbera fueron cambiados legalmente a través de la llamada "ventanilla siniestra" del Banco de la República, un mecanismo creado por el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) que permitió la captación de moneda extranjera sin ningún tipo de preguntas. La baja tasa de cambio en el mercado negro influía sobre la revaluación del peso y perjudicaba a los exportadores. El Banco salió en su ayuda.
La incursión de la cocaína en el mercado influyó igualmente en el descenso de la marihuana. Sus efectos parecían más acordes con la agitación de la época y los ejecutivos “yuppies” reforzaron la demanda. Para entonces, colombianos inmigrantes formaban parte de primitivas redes de distribución con cubanos y latinos en Miami o Nueva York y buscaban extender su influencia a otras ciudades norteamericanas. Sin embargo, no la fabricaban. La adquirían en Chile, en Bolivia o en Perú.
Jaime Caicedo, “El Grillo”, figura entre los primeros narcotraficantes colombianos. Ladrón de bicicletas, se involucró en el tráfico de cocaína en forma artesanal y con pequeños envíos en vuelos comerciales bajo la mirada aún inocente de las aduanas locales y gringas. La prosperidad del negocio lo condujo a nexos con productores de Perú y Bolivia y a mejorar el camuflaje de sus remesas, cada vez mayores, con la participación de distribuidores norteamericanos. Su historia inspiró la película “El Rey”, bajo la dirección de Antonio Dorado. Su muerte violenta simbolizó también el inicio de las confrontaciones entre narcotraficantes.
Benjamín Herrera Zuleta, el "Papa negro de la cocaína" es, a su vez, el “abuelo” de Pablo Escobar y de Gilberto Rodríguez en el negocio. Detenido en Atlanta en 1973, se fugó de la prisión y huyó a Chile para reconstruir su actividad. Los contactos eran óptimos, la frontera con Perú y Bolivia aportaba la materia prima y los laboratorios podían camuflarse en el desierto salitroso o en la región andina. Sin embargo, el golpe de Pinochet y su persecución al tráfico, lo obligaron a trasladarse a Lima en donde fue nuevamente detenido en 1975 y deportado a Estados Unidos. La libertad obtenida con fianza no lo alejó de sus expectativas. Al contrario, estableció contactos con Martha Upegui de Uribe, la
"Reina de la Cocaína" en Medellín, e inició en la actividad a los jóvenes narcos de Cali.
En 1978, Estados Unidos conoció el determinante influjo de la cocaína en la sociedad de La Florida. Los jefes de la droga empezaron a disputar el comercio de su producto y la distribución al por mayor en las grandes capitales. Miami fue testigo de una guerra que involucró a su policía corrupta y que dejó más de un centenar de asesinatos. Los intermediarios y traficantes del exilio cubano llevaron la peor parte y los colombianos se quedaron sin discusión con el reinado; integraron sus operaciones y captaron utilidades que, reinvertidas, permitieron expandir y dinamizar su producción y exportación. En 1976 la DEA calculaba entre 14 y 19 las toneladas métricas de cocaína que entraron de contrabando a Estados Unidos (Tohatlián y Bagley, 1990, p.183). Tres años más tarde, en 1979, el consumo abastecido se estimaba entre 25 y 31 toneladas y sobrepasando las 50 toneladas en 1980. Los grandes capos formaban ya parte del tráfico.
3. Los Capos
Pablo Escobar Gaviria (1951-1993), el más conocido de los capos colombianos del narcotráfico y jefe del llamado cartel de Medellín^9 , inició su carrera delictiva como ladrón de autos, asaltante de bancos y contrabandista de cigarrillos. Algunos autores lo vinculan con el secuestro del industrial Diego Echavarría Misas en 1971, por cuyo hecho habría recibido el apelativo de “Doctor Echavarría”. Según se sabe, sin embargo, el cautivo murió antes de que su familia pagara el rescate (Fogel, 1994).
Al terminar la primera mitad de los años setenta, Escobar ingresó al negocio de la cocaína con pequeñas cantidades de droga que adquiría en Ecuador y conducía personalmente hasta la ciudad de Medellín en „caletas‟ de viejos camiones y automóviles. La ruta hacia Estados Unidos siguió el camino del contrabando. Primero, a través de pequeñas embarcaciones que zarpaban desde la costa norte de Colombia para hacer transbordo en alta mar sobre barcos de gran calado, y luego, utilizando pequeñas avionetas monomotor, que empezaron a salir desde las zonas selváticas y cenagosas próximas al río Magdalena (Cañon, 1994; Strong, 1995; Escobar, 2000; Salazar, 2001; Legarda, 2005; Vallejo, 2007).
Gonzalo Rodríguez Gacha (1947-1989), el más destacado de los „socios‟ de Escobar, empezó en las calles del bajo mundo en Bogotá y se alquiló al mejor postor como pistolero de tiempo completo en la zona esmeraldífera de Boyacá.
(^9) El término “cartel” fue introducido por la DEA a partir de 1982 a raíz de una incautación efectuada
cerca a Cleveland. Desde entonces, el término fue utilizado por la justicia norteamericana para explicar las alianzas entre narcotraficantes y reunir en un solo proceso las diferentes investigaciones judiciales. Aunque el concepto se impuso con rapidez en la prensa y opinión pública internacional, su alcance y precisión distan de la realidad. Los llamados “carteles” no tuvieron nunca una expresión orgánica concreta, perenne y definida como el concepto parece indicar. Si la hubo, fue circunstancial, como lo fue también la consolidación de las alianzas, los sistemas de colaboración y la distribución o participación en las tareas impuestas por las distintas fases del negocio. Si bien en Cali y Medellín se concentró la actividad y poder de dos importantes sectores de narcotraficantes, en el resto del país, e incluso en el norte del Valle, el narcotráfico funcionó con base en la relativa autonomía de actores y organizaciones.
comprendieron que la cocaína sería el producto del futuro. La diferencia del precio de venta de la droga en Estados Unidos con el precio de su compra en Colombia y Sur América, era abismal. Todo era asunto de llevarla de un país a otro, y a ello podrían dedicarse con esmero.
La personalidad de los capos se formó en sus correspondientes escenarios. En muchos aspectos, Escobar expresó su ancestro paisa (Salazar, 1994). A diferencia de los capos de Cali, no abandonó a su esposa por reinas de belleza ni tuvo hijos por fuera del matrimonio. La relación sostenida con Virginia Vallejo fue tormentosa y no superó nunca el nivel de amante sin lugar a propiedades ni herederos (Vallejo, 2007). Se interesó por los autos de carrera, otra forma de desafiar el peligro. Exhibía con orgullo una fotografía suya con la Casa Blanca al fondo y otra con atuendos de la revolución mexicana. Su adoración era un viejo vehículo perforado con balas cuya propiedad original se atribuía a los pistoleros de la mafia norteamericana.
Rodríguez Gacha se aficionó por los caballos. Entre todos los capos, obtuvo la más reconocida catadura de asesino. Su lado débil fue el hijo que lo acompañó en su muerte. El país no tenía noticia de él cuando el dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, lo denunció públicamente como traficante de drogas y jefe paramilitar. Rodríguez Gacha lo mandó a matar de inmediato.
Los Rodríguez Orejuela tuvieron, en cambio, cierto hálito ejecutivo. Se les consideró hombres de negocio y se movieron con mayor libertad por los ámbitos citadinos. Sus hijos, al igual que los hijos de Santacruz Londoño, se formaron en las mejores universidades privadas y algunos estudiaron en el exterior. Las relaciones de Gilberto Rodríguez con su hijo mayor, a juzgar por el testimonio de este último, no fueron las mejores (Rodríguez, 2007). A diferencia de Escobar, los capos de Cali no intentaron reclutar para su organización a los jóvenes de estrato bajo, ni jugaron al paternalismo con las comunas pobres (Camacho, 1994).
3.1 Las estrategias empresariales
Sin duda, las diferencias de origen social y nivel de educación se han de reflejar en la manera misma de manejar y desarrollar el negocio de la cocaína.
Luego de sus primeros éxitos, Escobar se propuso hacer del tráfico de drogas una empresa abierta y participativa. Medellín conoció muy temprano la existencia de un sistema identificado con el nombre de “oficina”. Consistía en un centro de acopio al cual podía llegar cualquier persona con la cantidad de cocaína que quisiera. La oficina se encargaba de colocarla en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos por un precio que oscilaba entre 25 mil y 45 mil dólares el kilo.
El papel desempeñado por Carlos Lehder Rivas, hijo de alemán y colombiana de clase media, residente en Estados Unidos, fue fundamental para el progreso de Escobar. Iniciado en el negocio de la cocaína con pequeños transportes de droga camuflados en maletas personales, Lehder concibió la idea de un gran centro de traslado con base en una de las Islas Bahamas, Norman‟s Cay, que
alquiló como pista de aterrizaje y punto de entrada marítimo hacia Estados Unidos, para enormes cantidades de droga (Orozco, 1987; Eddy, 1988).
Las grandes inversiones de Escobar sorprendieron a la opinión pública. Una de las más célebres fue el Zoológico en la Hacienda Nápoles: dos mil ejemplares y más de cien especies exóticas importadas de Australia, El Sahara, Canadá, Europa, El Congo y Etiopía; y a la entrada, un significativo monumento: una avioneta tipo Piper con matrícula HK 617-P que, para los colombianos mejor informados y más suspicaces, era la aeronave con la cual Escobar concluyó con éxito sus primeros grandes embarques de droga hacia Estados Unidos.
No pocas obras convirtieron a Pablo Escobar en un auténtico Robin Hood. La boleta de ingreso al zoológico, por ejemplo, era gratuita. “El pueblo es el dueño y no se le puede cobrar al dueño”, dijo Escobar a la prensa. Sin duda, la imagen paternalista lo ayudaba en la búsqueda de una legitimidad política: en un acto que superaba las posibilidades del Estado colombiano, el mismo Escobar entregó 400 viviendas a familias de escasos recursos (Krauthausen y Sarmiento, 1991). Barrios enteros en las ciudades de Medellín y Envigado lo señalaron como benefactor. Sin embargo, al final de sus días no gozó de las mismas simpatías. Aunque nunca nadie se atrevió a delatarlo en su propia tierra y su tumba es una de las más visitadas en Antioquia, Medellín no puede ocultar que respiró profundo luego de su muerte.
Las operaciones de traslado de la droga e inversión financiera de los Rodríguez Orejuela tuvieron variables diferentes. No sólo privilegiaron las empresas de fachada y los envíos camuflados en mercancías legales, sino también una rápida inserción en el mundo abierto del dinero. A través de importantes cadenas de firmas como “Laboratorios Kressfor”, “Drogas La Rebaja”, “Grupo Radial Colombiano” y “Corporación Financiera de Boyacá”, los hermanos Rodríguez intentaron penetrar al mundo legal del capital como acaudalados inversionistas.
A mediados de los años setenta, Gilberto Rodríguez se convirtió en principal propietario y miembro de la Junta Directiva del “Banco de los Trabajadores”, una institución creada con donaciones iniciales de la Fundación Interamericana para la Unión de Trabajadores de Colombia, la agremiación sindical obrera más importante del país en ese entonces. Con este aval, en 1978 inició la compra de acciones del “First Interamericas Bank” de Panamá, que culminó en 1984 con más del 75 % del banco en su poder. A través de un pacto de participación con el muy reconocido Banco Cafetero de Panamá, el “First Interamericas Bank” utilizó las cuentas que el primero poseía en las sucursales del Irving Trust de Nueva York, para confundir el lavado de dólares con los enormes movimientos de capital que las exportaciones de miles de sacos de café producían legalmente a Colombia. Dos décadas más tarde, el Departamento del Tesoro Americano publicó la lista de un centenar de empresas cuya propiedad se adjudicaba a los Rodríguez Orejuela. Entre ellas figuraba la adquisición de la franquicia de Chrysler que, con el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, hicieron en 1978 para más de 40 almacenes de repuestos en todo el país.
A Escobar, a Rodríguez Gacha, o incluso a José Santacruz Londoño, no los admitieron en los altos clubes de las élites sociales. Santacruz hizo de su casa una réplica mejorada del club que le negó su ingreso. Los Rodríguez no solicitaron su admisión. Fueron prudentes e ingresaron al alto mundo a través del dinero. Muchos cheques de algunas de las cuentas de los Rodríguez, se descubrió después, eran girados a la dirección de importantes compañías financieras, o a insospechadas cabezas del mundo económico, político y deportivo.
3.3 La “combinación de las formas de lucha”
En su objetivo principal de control y mantenimiento del negocio del tráfico ilícito de drogas, los carteles desarrollaron múltiples estrategias en las que combinaron tanto las acciones económicas, como las políticas y las militares. Contra el Tratado de Extradición, firmado a principio de los años ochenta entre Estados Unidos y Colombia para obtener la captura y traslado de uno a otro país de las personas solicitadas, los capos ofrecieron batalla en el campo jurídico legal, pero emplearon también los métodos terroristas y los intentos de negociación con el Estado. La célebre frase e histórica práctica del Partido Comunista en Colombia, que justificó la existencia de las FARC como su brazo armado: “la combinación de todas las formas de lucha”, bien puede aplicarse a las mafias del narcotráfico en Colombia^10.
Para las batallas jurídicas, los narcos contaron con la asesoría y participación de importantes núcleos de abogados. En Estados Unidos, algunos miembros de oficinas de asistencia jurídica fueron acusados por supuesta complicidad con los capos de Cali. Para el uso de la violencia, la obtención del recurso fue diferente entre los carteles.
El manejo de la violencia y del terror
En efecto, Escobar construyó un ejército de sicarios con base en los jóvenes de estrato bajo. Contrató y entrenó a las bandas juveniles que surgían en las comunas más paupérrimas. Rodríguez Gacha hizo lo propio y acrecentó sus filas con campesinos pobres. Los Rodríguez Orejuela, por el contrario, construyeron un cuerpo de seguridad basado en miembros retirados y corruptos de los aparatos de seguridad del Estado. Como se verá más adelante, compraron a los mercenarios que Rodríguez Gacha contrataba y compraron finalmente a los líderes de los grupos paramilitares que conformaba.
La primera incursión directa y pública de los carteles, en materia de violencia, se suscitó a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Jorge Luis, por parte de la organización guerrillera M-19, en 1981. Los capos
(^10) No obstante, también podría decirse que el recurso a la violencia constituye una característica de los
actores en un escenario institucional débil. Cuando en los términos de Weber, un Estado no reivindica con éxito los monopolios de la ley, de la justicia y de la fuerza, los asociados asumen con facilidad los roles que corresponden a ese Estado, incluso para derrocarlo. Así, la institucionalidad y la para- institucionalidad, son utilizadas en forma simultánea y con frecuencia por diversos actores de la sociedad en Colombia.
de la mafia coincidían en la defensa de sus intereses: si se pagaba un solo secuestro, los guerrilleros se apoderarían de todos sus ingresos a través de este medio. La decisión se dio a conocer con un nombre orgánico: el grupo “Muerte A Secuestradores” (MAS), cuyo boletín de fundación citó el encuentro de “223 jefes de la mafia para hacer frente al secuestro”: cada uno de ellos aportaba dos millones de pesos y diez de sus mejores hombres para ejecutar a los secuestradores (Villamizar, 1995).
En sólo quince días, las acciones del MAS fueron contundentes: capturó más de 25 personas acusadas de pertenecer al M-19, y esclareció el hecho. Finalmente, logró la libertad de la secuestrada sin cancelar un centavo, y entregó algunos guerrilleros detenidos a las fuerzas de seguridad del Estado. A largo plazo, los resultados del MAS fueron de otro orden. Enfrentados a un enemigo común, narcotraficantes y miembros de las Fuerzas Armadas trazaron líneas de acercamiento indisolubles. Con el MAS, por supuesto, importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que era posible realizar un trabajo sucio mucho más efectivo contra el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus instituciones. Los narcos facilitaron la infraestructura y el dinero aunque, en forma temprana, algunos de ellos, como Rodríguez Gacha, empezaron a comprometerse de manera directa: descubrieron la importancia de la “gran violencia”. En realidad, la guerrilla no sólo amenazaba su libertad personal y su riqueza; también surgían amenazas contra sus pistas, laboratorios y propiedades en las zonas de influencia guerrillera. La organización surgió como un mecanismo de defensa contra los enemigos del Estado y no contra este último. Así nacieron los grupos paramilitares en Colombia y el uso de policías y soldados como recurso de violencia al servicio de narcotraficantes.
El Narcoterrorismo
Durante los primeros años del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), los golpes más duros contra el narcotráfico fueron propinados por la destrucción de gigantes laboratorios como “Tranquilandia”. La retaliación de sus dueños, miembros todos del llamado “Cartel de Medellín”, comenzó en el Congreso de la República con una orquestada denuncia en contra del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, a quien se acusó sin éxito de recibir dinero de narcotraficantes para fines electorales, y finalmente se asesinó en abril de
La acción constituyó el inicio de la guerra declarada por los capos de la droga en contra del Estado y de la sociedad colombianos. El gobierno de Betancur, a quien se acusó de haber abandonado a su Ministro, declaró el estado de sitio, ordenó el embargo de bienes a los narcotraficantes, y sometió los procesos por narcotráfico a la justicia penal militar. No obstante, la medida más importante fue el anuncio de que la extradición sería aplicada, lo que se hizo en forma intermitente durante los dos años siguientes.
Como se dijo atrás, los carteles en Colombia libraron de distintas maneras su lucha contra la extradición. Gilberto Rodríguez Orejuela la protagonizó por vez primera cuando fue detenido en España en compañía de Jorge Luis Ochoa, a principios de los años ochenta. El combate fue jurídico: para evitar que Rodríguez y Ochoa fueran enviados a Estados Unidos, los narcos desempolvaron un viejo proceso judicial en contra de Ochoa y crearon otro en contra de Rodríguez. Esto último sucedió en tiempo récord. Un periodista escribió una columna acusando de narcotraficante a Gilberto Rodríguez, y un „diligente‟ procurador la tomó como fundamento para formular denuncia. De inmediato, un juez abrió investigación y solicitó la remisión del sindicado. La justicia española decidió el traslado de los detenidos a Colombia, por cuanto la solicitud de un detenido por su país de origen tenía privilegio por sobre la solicitud de cualquier otro. Aunque agentes de la DEA se presentaron como testigos contra Gilberto Rodríguez, el Juez 11 Penal del Circuito de Cali lo absolvió de todo cargo y le concedió su libertad. Contra Ochoa, por su parte, recayó una ligera condena que terminó con una libertad irregular ante el peligro de ser extraditado a Estados Unidos.
El combate jurídico prosiguió con una demanda instaurada en contra del tratado de extradición por supuestos vicios de inconstitucionalidad. La presión ejercida sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hizo cada vez mayor, no sólo porque cada caso individual de extradición dependía de su concepto, sino porque la suerte misma del tratado se colocó en sus manos. Una de estas acciones judiciales fue presentada en julio de 1985 cuando se demandó, por irregular, el procedimiento de sanción y firma del tratado. Al aceptar los alegatos jurídicos, el 12 de diciembre de 1986 la Corte resolvió declarar inexequible la Ley 27 del 3 de noviembre de 1980, que elevaba a legislación interna el tratado de extradición, por no haber sido sancionada por el Presidente de la República sino por el Designado a la Presidencia, quien no tenía esa función. El Presidente reaccionó inmediatamente y volvió a sancionar el tratado como Ley 68 de 1986. El hecho sirvió para extraditar de inmediato a Carlos Lehder, capturado el 4 de febrero de 1987. Sin embargo, la nueva sanción del tratado fue demandada una vez más ante la corte quien, seis meses después, declaró de nuevo la inconstitucionalidad.
Como alternativa final, el gobierno interpretó que el tratado estaba vigente, pues era un instrumento internacional que no había perdido su fuerza jurídica y no había sido denunciado ante quien se había suscrito, pero que, por decisión de la Corte, era inaplicable en términos prácticos. Todo un galimatías de corte macondiano que generaba desconfianza y exasperación en los funcionarios norteamericanos^12. Poco después, ante la presión de Washington por el caso de Rodríguez y Ochoa, el gobierno empezó a observar la posibilidad de extraditar por vía administrativa.
Las negociaciones de los narcos con el Estado
(^12) La expresión hace alusión al realismo mágico presente en la obra de Gabriel García Márquez.
El primer intento de negociación entre los narcotraficantes y el Estado colombiano fue motivado por la reacción del presidente Belisario Betancur a raíz del asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. La extradición se hizo realidad y los “extraditables” se apresuraron a buscar una negociación con el gobierno. La propuesta se presentó en Panamá al Procurador General de la Nación y al expresidente liberal Alfonso López Mickelsen, en mayo de ese mismo año. Jorge Luis Ochoa, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, dijeron representar a cien de los principales narcotraficantes colombianos. Pidieron reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas; ofrecieron entregar al Estado toda la infraestructura productiva de la droga, incluso rutas y laboratorios, y abandonar por completo su negocio. Además, hablaron de cancelar la deuda externa de Colombia.
Distintos sectores sociales y políticos rechazaron la propuesta. La embajada norteamericana en Bogotá y el Departamento de Estado en Washington, expresaron su negativa frente a la idea de negociar con traficantes. El gobierno de Betancur se manifestó en igual sentido y declaró nula la posibilidad de cualquier entendimiento entre el gobierno y los narcos asistentes a la reunión de Panamá.
A partir de entonces, la lucha de los narcotraficantes contra la extradición transitó entre lo político y lo jurídico, tal como ha quedado expuesto en acápites anteriores, hasta desembocar en el recurso al terrorismo. No obstante, a finales del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), diversas crónicas relatan la existencia de una negociación casi clandestina entre los narcotraficantes de Medellín, concretamente Pablo Escobar, y el secretario de la presidencia, Germán Montoya. Miembros de la familia de este último fueron secuestrados y no pocos emisarios se acercaron al Palacio presidencial para intentar resultados. Finalmente, la crítica constante de importantes sectores de la vida nacional y la oposición sistemática del gobierno norteamericano, frustraron cualquier avance.
Así las cosas, al comenzar el gobierno de César Gaviria (1990-1994), varias situaciones eran claras. Las medidas antinarcóticos de los últimos años continuaban sin afectar el número de hectáreas cultivadas y la cantidad de cocaína exportada que, muy por el contrario, aumentaba. A su vez, el poderío de los “carteles” , de su capacidad de corrupción y de amenaza frente al Estado, proseguía incólume. La inversión en procedimientos militares, la creación de organismos de seguridad dedicados en forma exclusiva a la búsqueda de los grandes capos, aún con la propia colaboración norteamericana, no arrojaba resultados. El narcoterrorismo cobraba deudas con vidas y el secuestro de notables se perfilaba como arma clave para presionar acuerdos.
En este momento, el anuncio de una política de sometimiento contó con un amplio respaldo interno. Distintos sectores políticos y económicos se inclinaron a favor de modificar la estrategia de confrontación sostenida por gobiernos anteriores y apoyar, por el contrario, la negociación y entrega de los traficantes.
una extensa red para tráfico de narcóticos a cambio de armas para la contra nicaragüense y dinero para la oposición iraní, en la cual participaban altos mandos de aparatos de seguridad norteamericanos.
Sin embargo, la guerra estalló entre Pablo Escobar, apoyado por Rodríguez Gacha, y los Rodríguez Orejuela, a partir de 1988. Las crónicas rebelan como origen de la disputa el secuestro de un narcotraficante del Valle aliado de Pacho Herrera, un experto lavador de dólares vinculado a José Santacruz Londoño, en quien los Rodríguez depositaban toda su confianza. A pesar de pagarse la cantidad exigida por la „oficina‟ , en dólares y droga, el hombre fue asesinado por supuestos „líos de faldas‟. Escobar solicitó inmediatamente a los Rodríguez la entrega de Herrera, que fue totalmente negada. Como resultado, una cruenta guerra de masacres y dinamita se desató entre los carteles.
En efecto, a principios de 1988, el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar en Medellín, fue destruido parcialmente por una potente carga de dinamita. La explosión mostró la riqueza y excentricidad de los narcos e hizo pública su guerra. Un comando de Escobar ingresó a la hacienda de Pacho Herrera, en su búsqueda, y asesinó a 19 personas. Por doquier empezaron a estallar petardos contra las sucursales de “Drogas la Rebaja” y las emisoras del “Grupo Radial Colombiano”. Sólo un acuerdo quedó claro: en la guerra no se tocarían las familias.
Al mismo tiempo, otro tipo de guerra ocupó a Rodríguez Gacha: un enfrentamiento sin cuartel contra las guerrillas de las FARC entre 1987 y 1989; éste, en lugar de dirigirse contra ellas, tomó como víctimas a miembros y simpatizantes de la “Unión Patriótica”, partido político legal considerado como una vitrina de las FARC. Todo un ejército paramilitar, construido con la complicidad de importantes sectores militares y la dirección técnica de mercenarios israelíes y británicos, se lanzó a la barbarie. Los grupos del Magdalena medio y los grupos de Córdoba, al mando de Fidel Castaño, hermano mayor de Carlos, a quienes las FARC secuestraron y asesinaron a su padre, iniciaron masacres en haciendas bananeras de Urabá y se extendieron por todo el territorio colombiano, alternadas con homicidios singulares de concejales, alcaldes, y dirigentes del Partido Comunista.
Las guerras se enredaron en una sola madeja. Los mercenarios británicos, a quienes Rodríguez Gacha contrató para atentar contra la cúpula de las FARC en el sitio de La Uribe, terminaron pagados por el “Cartel de Cali” para atentar contra Gacha y Escobar en la Hacienda Nápoles. Escobar ofreció, públicamente, millones de pesos para todo aquel que asesinara policías o colocara petardos en las propiedades de los Rodríguez. Henry Pérez, jefe de los paramilitares del Magdalena medio, seguidor de Escobar, trabajó luego para sus enemigos. Estos últimos se convirtieron en el principal aliado del Estado y las autoridades colombianas para perseguir a Escobar. Fueron ellos quienes infiltraron a Rodríguez Gacha y entregaron la información que condujo a su muerte. Escobar, así mismo, escapó milagrosamente a una trampa tendida por Pérez con ayuda del DAS. Policías y militares activos y en retiro que prestaban diversos servicios a los hombres de uno y otro cartel, empezaron a caer asesinados (Bahamon, 1992). Fidel Castaño se convirtió,
tras la muerte de Gacha, en enemigo número uno de Escobar. En medio de todo y de todos, ciudadanos inocentes e inermes caían por obra y gracia de los atentados indiscriminados; desprotegidos por un Estado incapaz de parar las guerras, carente de estrategias para enfrentar el crimen organizado e infiltrado por éste en sus instituciones claves^14.
Las relaciones con la guerrilla
Las relaciones entre los grandes capos y la guerrilla en Colombia fueron diversas y conflictivas. En un primer momento, como atrás se dijo, el intento de secuestro contra Carlos Lehder y el plagio de Martha Nieves Ochoa, por parte del M-19, ocasionaron la creación del MAS y una cruda confrontación del aparato de los narcos contra miembros de la guerrilla y sus familiares. En una situación similar, pero posterior, José Santacruz Londoño respondió al secuestro de su hermana, por parte de las FARC, con el secuestro de miembros de la Unión Patriótica y familiares o allegados de comandantes insurgentes.
Gonzalo Rodríguez Gacha, por su parte, declaró la guerra a las FARC y a la Unión Patriótica. Si bien algunos acuerdos iniciales se presentaron entre las FARC y los narcos en torno al “impuesto de gramaje” y la convivencia en zonas de cultivos ilícitos o laboratorios, los pactos se rompieron y abrieron el paso a una violencia inusitada. Secuestros, extorsiones y asesinatos por parte de la guerrilla generaron, al mismo tiempo, una dura respuesta con la creación de grupos paramilitares.
No obstante, en un segundo momento y luego de acuerdos en torno a la liberación de Martha Nieves Ochoa, la relación particular entre Pablo Escobar y Jaime Batemán, líder del M-19, empezó a acercarse. Escobar expresó, en repetidas ocasiones, su admiración y simpatía por el M-19, así como sus coincidencias con respecto al rechazo de la extradición. Tras la muerte de Batemán, el contacto fue retomado por Iván Marino Ospina, comandante supremo del M-19, a quien Escobar dio refugio y prestó apoyo financiero en ciertas ocasiones.
Diversas versiones atribuyen a esta relación los hechos del Palacio de Justicia. Enrique Parejo González, por ejemplo, planteó que la «alianza» narcotráfico- guerrilla había sido la gestora y el pilar de la incursión contra la Corte. Incluso el término «narco-guerrilla» se acuñó para pensar este supuesto o real fenómeno. El hecho de que el M-19 incluyera en su «Demanda Armada» alguna referencia al Tratado de Extradición -considerado lesivo a la soberanía nacional- se asumió como «prueba plena» de su alianza con los narcotraficantes. Las amenazas recibidas por los magistrados por cuenta de «los extraditables» o el hecho de que el asalto hubiese ocurrido contra la Corte “un día antes” de que ésta estudiase la ponencia referente a la exequibilidad del Tratado de Extradición, y de que decidiera sobre ocho resoluciones pendientes de tal aplicación, se citó igualmente como prueba.
(^14) Tales elementos aparecen, por cierto, en el caso del Estado italiano y su incapacidad para detener las
guerras internas de la mafia. Guerras de familia sobre las cuales podría hacerse un paralelo comparativo con las guerras entre los grupos de narcotraficantes en Colombia.
