La excepción de inconstitucionalidad En Colombia tiene su tradición de España y
la colonia, con el acto legislativo 03 de 1910 que es un hito, dentro de una larga y
fecunda tradición política y constitucional que conservan raíces hispanas y
desarrollos americanos, tanto en la excepción de inconstitucionalidad en nuestro
estado social y de derecho con la acción pública, inicia la supremacía
constitucional y el control por vía de excepción, que significo romper formalmente
la concepción francesa del legislador como ultima fuente de autoridad; pues a
partir de este acto los jueces defienden los derechos constitucionales y los
ciudadanos tienen mecanismos para exigirlos.
Con influencia americana la revisión judicial en la que el juez ordinario al resolver
un caso en concreto debe respetar el principio de supremacía constitucional que
ubica la constitución del país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento
jurídico considerándola como ley suprema del Estado, así nace la excepción de
constitucionalidad como mecanismo para combatir los abusos de las leyes,
aunque esto toma fuerza en la constitución política hasta nuestros días presenta
deficiencia de regulación, aun siendo el instrumento de control de las leyes en
nuestro país, de hecho es la esencia que garantiza los formalismos de regulación
y preferencia, que no puede ser desconocida ni omitida por ningún poder..
Les voy a comentar sobre la sentencia 02724 del 2017 del consejo de Estado, que
hace referencia al control por vía de excepción:
Mediante el ejercicio de la acción publica el ciudadano Félix María Jaimes solicita
la nulidad de los articulo 1 y 2 del decreto 1 del 4 de abril del 2006, expedidos por
la personería Municipal de Florida Blanca Santander, el cual da funciones
especiales a un empleo y se declara una excepción de inconstitucionalidad.
Por lo Tanto, el personero municipal de la época presento un proyecto de acuerdo
ante el consejo municipal de Florida Blanca, relacionado con el manual de
funciones y requisitos de la personería, con el fin de adaptarlo a ley 909 del 2004
donde daba funciones al personero auxiliar de iniciar, adelantar y fallar en primera
instancia procesos disciplinarios competentes a esta personería municipal; pero el
consejo encontró que no estaba conforme a la ley y suprimió este proyecto y
mediante el acuerdo 006 del 21 de marzo del 2006 fijo esta función al personero
municipal y no al auxiliar razón por la cual el señor personero profirió dichos
decretos por considerarlos inconstitucionales a la atribución de competencias,
pues estima que está viciado de nulidad puesto que el funcionario que expide el
acto, en cuanto al personero municipal solo tiene la facultad constitucional de
proferir actos administrativos en funciones disciplinarias.
Por otra parte, el tribunal administrativo de Santander declaro nulidad del decreto
demandados y entre tanto Carlos Arturo Rojas coayudante de la demanda
presento recurso de apelación, estimando que si la ley ya había fijado la
competencia del personero municipal por medio de un código sustantivo y
adjetivo, no podía el consejo reformar el contenido el acuerdo 006 dl 2006 pues le
