El desarrollo sustentable en México
Durante decenios, las políticas de desarrollo en México no dieron importancia a los costos
económicos y sociales del crecimiento demográfico. La desigual distribución territorial de la
población, el impacto de las actividades productivas y la urbanización sobre la calidad del aire, el
agua y los suelos, ignorando las implicaciones de la degradación y destrucción de los recursos
naturales, provocaron el surgimiento de graves crisis ambientales, especialmente en las zonas
metropolitanas, así como la degradación de los suelos provocada por la deforestación en las zonas
rurales.
Ante el creciente reclamo de la sociedad civil por la aparición de estas crisis, en la década de los
setenta se crearon las primeras instituciones para atender los problemas derivados de la
contaminación: en 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación
Ambiental; en 1972 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, en el marco de la
Secretaría de Salud y Asistencia Pública, y en 1976 se estableció la Dirección General de Ecología
Urbana dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Sin embargo, el concepto de desarrollo sustentable como tal comenzó a dársele importancia en
México hasta finales de los años ochenta, gracias al trabajo realizado por grupos de investigación
que lo impulsaron desde la academia y la postura oficial de cumplir con acuerdos internacionales
que proponían su implementación, transitando de esta forma hacia una segunda etapa de
creación de nuevas dependencias y leyes para la realización de este proceso orientado a la
sustentabilidad a nivel nacional y local.
Aunque el primer antecedente en el país data de 1983, cuando se creó la Subsecretaría de
Ecología en el seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con lo cual se
asignaron nuevas responsabilidades y se reagruparon funciones vinculadas con el medio ambiente
que se encontraban dispersas en distintas dependencias federales, fue en 1988 cuando el proceso
mundial agitado por el “Informe Brundtland” abre el tránsito hacia la sustentabilidad y de manera
particular hace eco en México con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA).
En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para propiciar un
marco institucional más articulado entre las políticas sociales y ambientales. Poco tiempo después
la Subsecretaría de Ecología separó sus funciones de normatividad y las de inspección y
verificación, dando origen al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA). En el mismo año también se creó la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
En 1994, México da un gran salto institucional con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo que fortaleció la gestión gubernamental considerando
la conservación ecológica y el uso sustentable de los recursos. En el 2000, la SEMARNAP pasó a ser
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el ámbito de
responsabilidad de la pesca fue absorbido por el sector agropecuario. Y a partir de ese momento
