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Espinoza Espinoza FRAUDE
Resumen Extendido del Texto
1. INTRODUCCIÓN
La acción revocatoria, también conocida como acción pauliana, es un mecanismo jurídico diseñado para proteger los derechos de los acreedores frente a actos del deudor que puedan perjudicar su capacidad de cobro. Su origen se remonta al derecho romano, donde se la denominaba actio Pauliana, y su fundamento radica en principios de equidad natural, ya que busca evitar que el deudor, mediante actos fraudulentos, reduzca su patrimonio y deje al acreedor sin garantías suficientes para el cumplimiento de la obligación. A diferencia de lo que podría pensarse, esta acción no constituye una sanción contra el deudor, sino más bien un instrumento de control que permite al acreedor intervenir en la actividad patrimonial del deudor cuando esta afecta sus legítimos intereses. El deudor conserva la libertad de disponer de sus bienes, pero dicha libertad no puede ejercerse en perjuicio de quienes tienen derechos de crédito sobre su patrimonio. La acción revocatoria opera como una pretensión procesal de ineficacia, lo que significa que no anula el acto jurídico en sí, sino que lo declara inoponible al acreedor en la medida necesaria para garantizar su cobro.
2. REQUISITOS Y CARACTERES DE LA PRETENSIÓN PROCESAL DE INEFICACIA
Para que la acción revocatoria pueda prosperar, es necesario que se cumplan dos requisitos fundamentales. En primer lugar, debe existir un perjuicio económico para el acreedor, es decir, el acto realizado por el deudor debe haber disminuido su patrimonio de tal manera que comprometa la satisfacción del crédito. Este perjuicio puede manifestarse tanto en una reducción cuantitativa del patrimonio como en una mayor dificultad para ejecutar los bienes del deudor. En segundo lugar, se requiere un elemento subjetivo: la mala fe o fraude, que implica que el deudor y, en su caso, el tercero adquirente hayan actuado con conocimiento del perjuicio causado al acreedor. La acción revocatoria presenta varios caracteres distintivos. En primer lugar, es una pretensión de ineficacia, ya que no busca la nulidad del acto, sino su inoponibilidad frente al acreedor. Además, puede tener un efecto indemnizatorio subsidiario si el acto no puede revertirse. En segundo lugar, es una pretensión personal, pues no otorga al acreedor un derecho real sobre los bienes enajenados, sino la facultad de impugnar el acto jurídico que los afecta. En tercer lugar, tiene un carácter conservativo o cautelar, ya que su finalidad es preservar la garantía patrimonial del acreedor. Por último, es una acción subsidiaria, lo que significa que solo procede cuando el acreedor no cuenta con otros medios efectivos para cobrar su crédito.
3. EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA
**3. Efectos de la acción pauliana o revocatoria: naturaleza, alcance y consecuencias prácticas
La declaración judicial de ineficacia derivada de la acción pauliana produce efectos jurídicos particulares que requieren un análisis detallado por su especial naturaleza y alcance limitado. A diferencia de la nulidad que extingue el acto jurídico con efectos generales, la ineficacia revocatoria opera de manera relativa y parcial, manteniendo la validez del negocio entre las partes originales pero
eliminando sus efectos perjudiciales respecto del acreedor accionante. Este carácter singular constituye una de las notas distintivas más relevantes de la institución. El efecto principal de la acción pauliana consiste en la ineficacia relativa del acto impugnado, lo que en la práctica se traduce en la posibilidad de que el acreedor ejecute sobre los bienes que fueron objeto de la disposición fraudulenta. Sin embargo, es crucial precisar que dicha ineficacia no equivale a la rescisión del acto, sino que simplemente lo hace inoponible al acreedor en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Esta característica explica por qué el acto conserva plena validez entre el deudor y el tercero adquirente, generando todas las consecuencias jurídicas propias del negocio celebrado. En cuanto al alcance cuantitativo de los efectos, la doctrina mayoritaria sostiene que la ineficacia se limita estrictamente al monto del crédito del acreedor que promovió la acción. Este principio de proporcionalidad garantiza que no se produzca un enriquecimiento injusto del accionante, pues si el valor de los bienes recuperados excede el importe del crédito, el excedente debe reintegrarse al patrimonio del deudor. Los tribunales han desarrollado diversos criterios para calcular este límite, considerando no solo el capital adeudado sino también los intereses legales y los costes procesales razonablemente incurridos. Los efectos de la acción revocatoria presentan particularidades importantes en relación con terceros adquirentes. El ordenamiento jurídico protege a los terceros de buena fe que hayan adquirido derechos a título oneroso con anterioridad a la inscripción de la demanda revocatoria. No obstante, cuando el tercero actuó con conocimiento del fraude o en condiciones que hacían presumir dicho conocimiento, los efectos de la ineficacia pueden extenderse a sus adquisiciones. La jurisprudencia ha establecido diversos indicios para determinar la mala fe del tercero, como la existencia de vínculos familiares o societarios estrechos con el deudor, la desproporción en las prestaciones o la coincidencia temporal con procedimientos ejecutivos. Un aspecto especialmente relevante es el efecto reflejo o indirecto sobre otros acreedores. Si bien la sentencia revocatoria solo beneficia directamente al acreedor que interpuso la acción, la reintegración de los bienes al patrimonio del deudor puede mejorar indirectamente la situación de los demás acreedores. Sin embargo, este efecto es limitado, pues el acreedor victorioso suele obtener un derecho preferente sobre los bienes recuperados, al menos hasta la satisfacción íntegra de su crédito. La acción pauliana puede generar además efectos indemnizatorios complementarios cuando la restitución en especie de los bienes no fuera posible. En estos casos, el acreedor podrá reclamar el equivalente económico del perjuicio sufrido, siempre que demuestre la relación causal entre el acto impugnado y su imposibilidad de cobro. Esta acción resarcitoria se dirige contra todos los partícipes en el fraude, incluyendo tanto al deudor como al tercero de mala fe. Desde la perspectiva procesal, los efectos de la acción revocatoria están condicionados por el principio de congruencia, de modo que la sentencia no puede declarar ineficaces actos distintos de los específicamente impugnados en la demanda. Asimismo, la eficacia extraterritorial de estas resoluciones plantea complejas cuestiones en casos transfronterizos, particularmente cuando los bienes objeto del acto impugnado se encuentran en jurisdicciones distintas a la del tribunal que conoció de la acción. Finalmente, cabe destacar que los efectos de la acción pauliana no son automáticos, sino que requieren una declaración judicial expresa. Esta característica diferencia sustancialmente la revocatoria de otras figuras como la nulidad o la rescisión, y explica por qué muchos ordenamientos
Paralelamente, se ha producido una significativa ampliación del concepto de eventus damni, que ya no se circunscribe exclusivamente a situaciones de insolvencia declarada o manifiesta. La noción de daño al acreedor se interpreta ahora de manera más comprehensiva, abarcando no solo la disminución cuantitativa del patrimonio del deudor, sino también aquellas modificaciones cualitativas que afecten la efectividad de la garantía patrimonial. Así, se consideran incluidos supuestos como la sustitución de bienes fácilmente ejecutables por otros de menor liquidez, la creación de estructuras societarias opacas que dificulten el rastreo de activos, o incluso la mera generación de incertidumbre sobre la solvencia futura del deudor. Esta evolución doctrinal plantea importantes cuestiones en el equilibrio entre la protección de los acreedores y la seguridad del tráfico jurídico. Por un lado, facilita la impugnación de operaciones potencialmente fraudulentas; por otro, introduce elementos de incertidumbre para los terceros que participan en transacciones comerciales ordinarias. La jurisprudencia ha intentado resolver esta tensión desarrollando criterios basados en la razonabilidad y la proporcionalidad, considerando factores como el momento de realización del acto, la relación entre las partes y la transparencia de la operación.
6. La acción revocatoria y la subrogatoria: análisis comparativo y relaciones prácticas
El estudio comparativo entre la acción revocatoria (pauliana) y la acción subrogatoria (oblicua) revela un interesante contraste en los mecanismos de protección del crédito, así como en sus fundamentos y efectos jurídicos. Mientras la primera se dirige contra actos positivos del deudor que disminuyen su patrimonio, la segunda opera frente a omisiones o inacciones que impiden su incremento. Esta diferencia esencial determina sus respectivos ámbitos de aplicación y los requisitos para su ejercicio. La acción revocatoria encuentra su fundamento en la prevención del fraude creditorio, requiriendo la concurrencia de dos elementos básicos: el perjuicio objetivo al acreedor (eventus damni) y el conocimiento subjetivo de dicho perjuicio (scientia fraudis). Su ejercicio conduce a una declaración de ineficacia relativa del acto impugnado, que solo beneficia al acreedor que la promovió. Por el contrario, la acción subrogatoria se basa en el principio de conservación de la garantía patrimonial, permitiendo al acreedor ejercer los derechos y acciones que corresponderían a su deudor contra terceros, pero que éste omite ejercer. Los frutos de esta acción ingresan al patrimonio general del deudor, beneficiando potencialmente a todos sus acreedores. Desde la perspectiva procedimental, ambas acciones presentan notables diferencias. La revocatoria requiere acreditar el perjuicio concreto sufrido por el acreedor demandante, mientras que la subrogatoria exige demostrar la negligencia del deudor en el ejercicio de sus derechos. En cuanto a los efectos, la primera produce una ineficacia parcial del acto impugnado, mientras que la segunda genera una sustitución procesal del acreedor en la posición activa del deudor. En la práctica jurídica, estas acciones pueden presentarse de forma concurrente o sucesiva. Un ejemplo paradigmático sería el caso de un deudor que, por un lado, enajena bienes a un familiar por un precio irrisorio (acto revocable) y, por otro, deja de cobrar créditos que mantiene contra terceros (omisión subrogable). En tales supuestos, los acreedores podrían acumular ambas acciones en un mismo proceso o ejercerlas sucesivamente, según las circunstancias del caso. La doctrina ha destacado que la elección entre una u otra acción dependerá de un cuidadoso análisis de la situación patrimonial del deudor y de la naturaleza de los actos u omisiones que hayan dado lugar al perjuicio creditorio. En algunos ordenamientos jurídicos, se establece incluso una relación
de subsidiariedad entre ambas, exigiendo el agotamiento previo de la vía subrogatoria cuando sea posible, antes de acudir a la acción revocatoria.
7. La acción revocatoria y la simulación: delimitación conceptual y problemática práctica
La distinción entre la acción revocatoria (pauliana) y la acción de simulación constituye una de las cuestiones más delicadas en la teoría general del acto jurídico, planteando importantes desafíos tanto doctrinales como jurisprudenciales. Mientras la primera se dirige contra actos reales pero fraudulentos que disminuyen la garantía patrimonial del deudor, la segunda persigue desvirtuar actos aparentes que encubren una voluntad diversa o nula. Esta diferencia esencial se manifiesta en sus respectivos presupuestos, efectos y régimen jurídico, aunque en la práctica concreta no siempre resulta sencillo establecer la frontera entre ambas figuras. La acción revocatoria opera sobre negocios jurídicos válidamente celebrados que producen efectos jurídicos reales entre las partes, pero que son susceptibles de ser declarados ineficaces respecto del acreedor perjudicado. Requiere la concurrencia de dos elementos fundamentales: el perjuicio objetivo al crédito (eventus damni) y el conocimiento subjetivo de dicho perjuicio (scientia fraudis). Por el contrario, la acción de simulación se fundamenta en la discordancia entre la voluntad real y la declarada, pudiendo adoptar dos modalidades principales: la simulación absoluta (cuando las partes no quieren celebrar ningún negocio) y la relativa (cuando ocultan un negocio distinto del aparente). En estos casos, el acto simulado es intrínsecamente nulo por falta de correspondencia entre la voluntad y su manifestación externa. Desde la perspectiva de los efectos jurídicos, la declaración de simulación produce una nulidad absoluta del acto aparente, con eficacia erga omnes, mientras que la revocatoria solo genera una ineficacia relativa que beneficia exclusivamente al acreedor que la promovió. Esta diferencia sustancial se refleja también en el régimen de prescripción: la acción de nulidad por simulación absoluta está sujeta a plazos más largos (generalmente 10 años), mientras que la acción pauliana suele prescribir en plazos más breves (normalmente 2 años). La problemática práctica surge cuando un mismo acto puede ser simultáneamente simulado y fraudulento, lo que ha llevado a la doctrina a desarrollar criterios para distinguir ambas figuras. Un ejemplo paradigmático sería la venta ficticia de un inmueble a un familiar para burlar a los acreedores: si realmente no hubo intención de transferir la propiedad (simulación absoluta), corresponderá la acción de nulidad; pero si existió una verdadera enajenación a precio irrisorio con ánimo de defraudar, procederá la acción revocatoria. La jurisprudencia ha establecido que la acumulación de ambas acciones es posible cuando existan elementos que permitan sostener alternativamente una u otra calificación. Esta delimitación conceptual tiene importantes consecuencias prácticas en materia probatoria. Mientras en la simulación debe demostrarse la falta de correspondencia entre la voluntad real y la declarada (lo que suele requerir prueba de los acuerdos simulativos), en la revocatoria basta con acreditar el perjuicio al crédito y el conocimiento del mismo. Además, la acción de simulación puede ser ejercitada por cualquier tercero perjudicado, mientras la pauliana está reservada a los acreedores. La confusión entre ambas figuras ha generado notables problemas en la práctica judicial, particularmente cuando los operadores jurídicos invocan indistintamente los fundamentos de una y otra acción. La doctrina moderna insiste en la necesidad de realizar un análisis cuidadoso que permita determinar si nos encontramos ante un acto inexistente (simulación) o ante un acto válido
Es el principal mecanismo legal para proteger a los acreedores frente a este tipo de fraude. Su objetivo es declarar la ineficacia del acto o gravamen realizado por el deudor en perjuicio de los acreedores, permitiendo que estos puedan cobrar sus créditos.
- Caracteres Características de la Acción Pauliana (Art. 1219 del Código Civil Peruano): Perjudica a los acreedores: La acción busca proteger a aquellos acreedores cuyos créditos no están garantizados y cuyo cobro se ve afectado por la disposición fraudulenta del deudor. "El acreedor perjudicado es aquel cuyo crédito no está respaldado con garantías específicas." (p.
El acreedor la ejerce en su propio nombre y derecho: El acreedor actúa directamente para proteger su derecho de crédito. (p. 809) Es individual: Cada acreedor inicia la acción en su propio beneficio. (p. 809) Es subsidiaria: Solo procede cuando el deudor carece de otros bienes suficientes para satisfacer la deuda o cuando el patrimonio del deudor se ha agotado. (p. 810) Es un remedio indirecto: No persigue directamente el cobro del crédito, sino que remueve el obstáculo (el acto fraudulento) que impide dicho cobro. (p. 810) Es conservatoria o cautelar: La acción Pauliana tiene como finalidad tutelar el crédito, limitando al deudor la facultad de renunciar a derechos o de disminuir su patrimonio. Constituye un "principio de conservación del crédito" al buscar mantener el patrimonio del deudor como garantía general. (p. 811) Es facultativa y renunciable: El acreedor puede optar por ejercerla o abandonarla. La renuncia fraudulenta declarada ineficaz no perjudica a los acreedores que renuncian a sus derechos. (p. 812) Tiene cualidad patrimonial y protege la buena fe: Se refiere a actos jurídicos cuyo objeto tiene valor económico. Además, "el deudor debe gobernar su patrimonio como mejor le parezca con tal que su conducta sea buena fe." (p. 812) Es de naturaleza personal: Esta acción se ejerce contra la persona que ha ejecutado el acto fraudulento. (p. 812) No persigue recuperar un derecho de propiedad del bien enajenado: Solo declara la inoponibilidad del acto fraudulento frente al acreedor, permitiendo que el bien se embargue y remate como si no hubiera salido del patrimonio del deudor. (p. 813)
124.1.6. Requisitos generales y Requisitos particulares para la Acción Pauliana (Art. 195 del Código Civil Peruano): Existencia del crédito: El acreedor debe tener un crédito cierto o a plazo. Perjuicio al acreedor: El acto del deudor debe causar una disminución patrimonial que impida o dificulte el cobro del crédito. Se presume el perjuicio si el deudor carece de bienes libres suficientes para satisfacer la deuda. (p. 814) Mala fe del deudor (para actos a título oneroso): Se requiere que el deudor haya actuado con conocimiento del perjuicio. Mala fe del tercero adquirente (para actos a título oneroso): Se requiere que el tercero adquirente haya tenido conocimiento del perjuicio causado al acreedor. Si el acto es a título gratuito, no se requiere mala fe del deudor ni del adquirente. (p. 815) Presunción de Fraude y Carga de la Prueba: Actos a título gratuito: "Se presume la existencia del perjuicio y la mala fe del deudor, así como la imposibilidad de cobro." (p. 823) En estos casos, la acción pauliana es de más fácil aplicación, ya que no se requiere probar la intención de defraudar. Actos a título oneroso: La prueba recae sobre el acreedor demandante, quien debe demostrar la existencia del perjuicio y la mala fe tanto del deudor como del tercero adquirente. (p. 831, 832)
Presunción de onerosidad de las garantías reales: Las garantías como hipotecas o prendas, otorgadas por el deudor en favor de deudas ajenas o propias, se presumen a título oneroso, a menos que se demuestre la gratuidad y mala fe. (p. 833)
124.5. Limitaciones al Derecho del Tercero Adquirente
El tercer adquirente, si actuó de buena fe y a título oneroso, puede oponerse a la acción pauliana. No obstante, si el acto es declarado ineficaz, el bien se remata y el tercero puede exigir que se le reembolse el valor del bien o que el acreedor le ceda su crédito. (p. 837) La buena o mala fe del adquirente es crucial: Si el tercer adquirente obró de buena fe, sus derechos están protegidos. Si obró de mala fe (es decir, con conocimiento del fraude), el acto es ineficaz frente al acreedor. (p.
125. Y 126. Comparación con la Acción Subrogatoria (Oblicua) y la
Simulación
- Acción Pauliana vs. Acción Subrogatoria (Oblicua): La acción pauliana busca declarar ineficaces actos de disposición o gravamen del deudor que disminuyen su patrimonio en perjuicio de los acreedores. El patrimonio del deudor disminuye con el acto fraudulento. La acción subrogatoria busca incorporar bienes al patrimonio del deudor que este ha renunciado o ha omitido incorporar, sin que haya habido una disminución patrimonial activa. En esta, el patrimonio del deudor no disminuye, sino que no aumenta. "El acreedor ejerce los derechos que el deudor negligente abandona o no ejerce." (p. 841) Ambas acciones son conservatorias del patrimonio del deudor, pero difieren en la naturaleza del acto impugnado. La pauliana ataca actos que producen una disminución, mientras que la subrogatoria ataca la inactividad del deudor. (p. 845)
- Acción Pauliana vs. Simulación: La acción pauliana se aplica a actos jurídicos reales y serios, que son válidos en su forma pero perjudiciales para los acreedores. "La acción pauliana se opone al acto real de disposición y la producción de sus efectos." (p. 846) La simulación se refiere a actos que aparentan una realidad que no existe, es decir, el acto no tiene efectos o tiene efectos distintos a los aparentados. Los simulantes no desean el efecto que el acto aparenta. "La acción de simulación presupone un acto aparente que las partes no quieren que produzca efectos entre ellas." (p. 846) La principal diferencia radica en que la pauliana busca la ineficacia de un acto jurídico real y válido en su esencia pero perjudicial, mientras que la simulación busca declarar la nulidad de un acto que es solo aparente o ficticio. (p. 847)
Conclusión
El fraude, en sus diversas manifestaciones (a la ley y a los acreedores), representa un desafío significativo para la seguridad jurídica y la protección del crédito. La acción pauliana emerge como un instrumento legal fundamental para contrarrestar las maniobras fraudulentas de los deudores, permitiendo a los acreedores afectados recuperar la posibilidad de cobrar sus créditos. Es esencial distinguir la acción pauliana de otras figuras afines como la subrogatoria y la simulación, dada su naturaleza y requisitos específicos, los cuales están diseñados para abordar situaciones distintas de afectación patrimonial. HASTA AQUIIII—---------FINAL
5. Diferencias de la Representación con Otras Categorías Afines La representación es un instrumento de dinamización de la vida jurídica y de apertura de nuevas posibilidades, que el ordenamiento jurídico regula como respuesta al problema social de la cooperación en la gestión y cuidado de intereses ajenos. Se distingue de otras figuras afines por sus características específicas, como la actuación en nombre y por cuenta del representado, con efectos directos o indirectos para este, y la necesidad de contar con poder para actuar en nombre ajeno. Estas diferencias se hacen evidentes al compararla con el mandato, la sustitución y la figura del nuncio. 5.1. Con el mandato El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta y en interés del mandante. Se distingue del poder, que es la facultad de hacer, y de la representación, que es una institución jurídica o la facultad de actuar en nombre de otro. El poder es otorgado por voluntad unilateral del poderdante o por la ley y no requiere la aceptación del representante, solo lo faculta. En cambio, el mandato es un contrato que requiere aceptación del mandatario y genera obligaciones recíprocas. El mandato puede ser con o sin representación (con o sin poder), mientras que la representación directa requiere necesariamente poder. El mandatario puede actuar en nombre propio (mandato sin representación), mientras que el apoderado (en representación directa) actúa siempre en nombre de su poderdante. Aunque el mandato puede ser la relación causal que da origen al poder, son actos distintos e independientes. 5.2. Con la gestión de negocios Las fuentes proporcionadas no contienen una sección específica titulada "5.2. Con la gestión de negocios". Sin embargo, se menciona la gestión de negocio ajeno como una hipótesis distinta de sustitución, además de la representación indirecta y la acción subrogatoria. 5.3. Con la sustitución Se habla de sustitución cuando un sujeto tiene el poder de sustituir a otro en la celebración de un negocio, deviniendo en parte formal pero permaneciendo ajeno al interés regulado. La sustitución puede conllevar un simple aporte material en la ejecución del acto (como el nuncio, intérprete o mediador), donde no se exige capacidad de obrar. Otra forma de sustitución implica que la nueva situación jurídica se produzca para la parte del negocio y para un tercero interesado (contrato a favor de tercero). Una tercera forma es cuando los efectos se producen en la persona que interviene y esta debe luego transferirlos al tercero (representación indirecta). Finalmente, existe la sustitución donde la nueva situación jurídica se produce exclusivamente para el interesado (representación directa). La representación es descrita como una hipótesis particular de la sustitución , caracterizada porque el sustituto actúa en nombre y por cuenta del interesado, y los efectos de sus actos recaen directamente en la esfera jurídica de este (representación directa). La sustitución sin límites de una persona por otra sacrificaría la protección a la autonomía privada; por ello, quien actúa en sustitución debe estar legitimado (tener facultad de regular intereses ajenos). 5.4. Con el nuncio o mensajero La figura del representante es distinta de la del nuncio o mensajero. El nuncio es un colaborador material del titular del negocio, que se limita a comunicar la declaración de voluntad de otro. Es un instrumento de transmisión de voluntad ajena, comparable a medios como el correo o fax. El nuncio carece de iniciativa en la formación del negocio y autonomía volitiva. No necesita capacidad de obrar, solo capacidad natural para entender la transmisión. En actos formales solemnes, solo podría transmitir una manifestación de voluntad ya documentada. En cambio, el representante sustituye la voluntad del representado por la suya propia, tiene iniciativa en la formación del acto jurídico y manifiesta su propia voluntad, aunque esté determinada por el representado. La cooperación del representante es jurídica, no meramente material, e incide en la validez y eficacia del acto. El representante celebra el acto jurídico
emitiendo su declaración de voluntad en nombre del representado, mientras el nuncio solo transmite la declaración emitida por otro. El representante necesita poder, el nuncio no.
6. Representación Directa vs. Representación Indirecta o Interposición Gestoria En la representación directa , el representante actúa por cuenta, en interés y en nombre del representado , de tal forma que los efectos del acto realizado con el tercero entran inmediatamente en la esfera jurídica del representado. Es la hipótesis de la típica representación regulada en el Libro II del Código. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado, dentro de los límites del poder, producen efectos directamente para este. Los elementos de la representación directa incluyen la actuación en interés ajeno, la manifestación expresa de actuar en nombre del representado (contemplatio domini), que el encargo sea una actividad jurídica (celebrar actos jurídicos), que la actividad consista en una manifestación de voluntad (poder de determinar el contenido del acto), y que los efectos se produzcan directamente para el representado. La esencia de la representación directa está en el poder que permite producir efectos jurídicos en favor y en contra del representado. En la representación indirecta (también llamada impropia, oculta o mediata), el representante actúa por cuenta y en interés del representado, pero en nombre propio. Frente al tercero, el representante se presenta como parte interesada y cierra el negocio en su propio nombre. Los efectos del acto no entran inmediatamente en la esfera jurídica del representado, sino del representante, quien deberá transferirlos al representado mediante otro acto jurídico. Hay una doble traslación de derechos y obligaciones. El ejemplo típico es el mandato sin representación. El Código peruano regula la representación indirecta en la parte relativa al contrato de mandato. 7. Tipos de Representación La representación puede clasificarse según su origen o naturaleza. Las fuentes mencionan principalmente la representación voluntaria , la representación legal y la representación orgánica. También se menciona la representación judicial. La representación puede ser activa o pasiva, singular o plural. 7.1. Representación legal o necesaria La representación legal es impuesta por una norma legal. Es necesaria porque sin ella, los incapaces no podrían ejercer sus derechos. El representante es designado por la ley para gestionar los intereses de un incapaz de obrar. El poder del representante legal deriva de la ley. Ejemplos incluyen la patria potestad, la tutela y la curatela. Generalmente, suple la falta de capacidad de obrar o provee al cuidado de bienes sin titular o cuyo titular no puede gobernarlos por sí mismo. 7.1.1. Representación orgánica La representación orgánica resulta de los instrumentos que dan origen a una persona jurídica. Las personas jurídicas carecen de intelecto y corporeidad, por lo que actúan mediante sus órganos de gobierno (consejo de administración, junta directiva, presidente, gerente, etc.). La voluntad de la persona jurídica es la voluntad de sus órganos de gobierno. Al igual que la representación legal, la orgánica es necesaria , ya que la persona jurídica no podría celebrar actos jurídicos sin ser representada por personas físicas. Aunque se habla de representación orgánica, la voluntad del órgano no es autónoma respecto a la persona jurídica. Los efectos de los actos del órgano recaen en la esfera jurídica de la persona jurídica. 7.1.2. Características de la representación legal o necesaria La fuente de la representación legal es la ley. El poder es originario. Su fundamento es la tutela de intereses generales. Es impuesta por la ley y limita la autonomía privada del incapaz. Es una expresión de la heteronomía. El representante legal actúa con gran independencia de la voluntad del representado. El papel de decisión del representado es nulo; no elige al representante, no confiere poderes ni los modifica. La
conjunta o sucesivamente, o que estén designados para actos distintos. En la representación indistinta , cualquiera de los representantes puede ejercer el poder individualmente, y cada uno responde por los daños causados por su culpa. La representación conjunta requiere que todos los representantes designados intervengan necesariamente en el acto representativo (poder mancomunado). Debe establecerse expresamente y el vicio en la voluntad de uno afecta la anulabilidad del acto. Los representantes conjuntos pueden actuar simultáneamente o emitiendo declaraciones separadas, y todos son responsables solidariamente frente al representado. En la representación sucesiva , los representantes actúan uno después del otro en el orden establecido. Si el primero no ejerce el poder o cesa, lo ejerce el segundo y así sucesivamente. Cada representante es responsable por sus actos. La representación independiente o específica implica que cada representante realiza el acto para el cual fue designado. En este caso, la responsabilidad recae en el representante que realiza el acto. La responsabilidad solidaria de los representantes conjuntos se establece en beneficio del representado para facilitar el cobro de indemnizaciones por daños causados por su actuación conjunta, siendo irrelevante si el poder fue otorgado por acto único o distintos.
10. La Relación Jurídica La representación implica una escisión entre la parte sustancial (el representado, titular del interés y quien asume los efectos) y la parte formal (el representante, autor material del acto) del acto jurídico. En el fenómeno representativo, generalmente concurren tres sujetos: el dominus (representado), el representante y el tercero con quien se celebra el acto. Sin embargo, esta tripartición puede reducirse a una bipartición en casos como el acto jurídico consigo mismo. Los elementos constitutivos de la representación directa incluyen la actuación en nombre del representado (contemplatio domini), la existencia de una relación de gestión por parte del representante, y el poder de representación. La relación de gestión liga al representante con el representado, debiendo el representante actuar gestionando los intereses de este. El poder de representación, que es el título conferido por el representado o la ley, faculta al representante a actuar y legitima su actuación frente al tercero, con abstracción del acto causal que le dio origen. La relación jurídica básica o subyacente (como el mandato, locación de servicios, contrato de trabajo, sociedad, etc.) sirve como fundamento o causa eficiente para el otorgamiento del poder y regula las relaciones internas entre representante y representado, pero el apoderamiento mantiene su autonomía como acto unilateral. El acto de apoderamiento es recepticio, requiriendo que sea puesto en conocimiento del representante para su eficacia, y es un acto de confianza del representado en el representante. 11. Efectos de la Representación Representativa El acto jurídico celebrado por el representante dentro de los límites de sus facultades produce efectos directamente respecto del representado. Esto ocurre en la representación directa o propiamente dicha, donde el representante actúa por cuenta, en interés y en nombre del representado. Los efectos jurídicos del acto realizado entre el representante y el tercero (acto representativo) entran inmediata y directamente en la esfera jurídica del representado. Esto aplica tanto en la representación voluntaria como en la legal, siempre dentro de los límites del poder o la ley. El representado adquiere directamente los efectos del acto, quedando obligado directamente respecto del tercero. El representante, al haber celebrado el acto en nombre del representado, se convierte en un tercero respecto de dicho acto, sin adquirir derechos ni asumir obligaciones derivadas del mismo, a menos que haya ofrecido alguna garantía. La esencia de la representación directa radica en el poder que permite al representante producir efectos jurídicos en favor y en contra del representado mediante actos concluidos en su nombre.
12. Patologías en el Actuar Jurídicamente del Representante y la Responsabilidad Civil Derivada de las Mismas Una patología relevante es la actuación de quien se presenta como representante sin tener poder o excediendo las facultades conferidas (el falsus procurator ). El acto jurídico celebrado por este falso representante es ineficaz con relación al supuesto representado. Sin embargo, no es ineficaz frente a terceros intervinientes o no en el acto, ya que la ineficacia prevista en la ley no genera un efecto erga omnes. Excepcionalmente, la ley puede establecer que el acto del falso representante sea eficaz entre las partes que lo celebraron, obligándose personalmente el falsus procurator. El falso representante que actúa sin poder o excediéndolo es responsable del daño causado al tercero contratante que confió, sin culpa, en la validez del contrato. Esta responsabilidad es ex lege y puede ir más allá de la culpa. El tercero tiene derecho al resarcimiento pleno para quedar en la misma situación que si el representante hubiera actuado con poder. El representante sin poder no responde si el tercero conocía o debía conocer la falta de poder. El representante también puede ser responsable por los daños causados al representado. Otra situación es la representación aparente, donde quien crea una situación que genera legítimo convencimiento en terceros de la existencia de representación, asume las consecuencias del acto del falso representante, fundamentado en la tutela de la confianza del tercero. También se considera patológico el acto jurídico consigo mismo , donde una persona actúa en nombre propio y como representante de otro, o como representante de dos personas diferentes. Por regla general, este acto está prohibido y es anulable, a menos que la ley lo permita, el representado lo autorice específicamente, o el contenido del acto excluya conflicto de intereses. 13. La Ratificación Ante el acto de un falso representante, el supuesto representado tiene la opción de ratificarlo. La ratificación es un negocio unilateral mediante el cual el sujeto convierte en eficaz frente a sí mismo un acto que no ha autorizado. Si el representado ratifica el acto del falsus procurator , se vincula definitivamente con el tercero contratante. Si no lo ratifica, el acto se vuelve definitivamente ineficaz para él. La facultad de ratificar no es personalísima y se transmite a los herederos. El silencio del supuesto representado, sin ratificar ni rechazar, deja la situación pendiente, ya que la ley no establece un plazo para la ratificación. En algunos sistemas, antes de la ratificación, el tercero de buena fe puede revocar el contrato. La ratificación valida actos de disposición, gravamen y asunción de responsabilidad. Continuando con el resumen basado en los textos proporcionados, a continuación se presenta la información solicitada bajo cada subtítulo: 14. La Revocación El poder de representación puede ser revocado en cualquier momento. La revocación, que es un negocio unilateral y recepticio, extingue el poder por la sola voluntad unilateral del representado. Este derecho le es conferido al representado en resguardo de sus intereses, y puede ser ejercido a su arbitrio y sin necesidad de dar explicación, incluso si la representación es remunerada. En caso de representación remunerada donde la gestión ya ha comenzado, el representado debe pagar honorarios proporcionales a los servicios prestados. La revocación puede ser expresa (verbal, escrita privada o pública, u otro medio idóneo) o tácita. La revocación tácita se infiere de una conducta incompatible con mantener el poder, como la reclamación del documento del poder o la designación de un nuevo representante para el mismo acto. La ejecución del acto por parte del propio representado también implica revocación tácita. La revocación produce efectos desde que es conocida por el representante. Se presume el conocimiento al llegar la comunicación a su domicilio. La revocación también debe comunicarse a terceros interesados, de lo contrario no les es oponible, a menos que se pruebe que la conocían al contratar.
Cuando el acto de otorgamiento del poder es nulo [130k]. La caducidad del poder en casos específicos, como el poder para contraer matrimonio que caduca a los seis meses [130l]. Cambio de representación legal por designación de liquidador en procesos concursales [130m]. Las modificaciones, revocación, renuncia y extinción de los poderes deben comunicarse por medios idóneos a los terceros que intervengan o estén interesados en el acto jurídico. De lo contrario, no son oponibles a los terceros que las ignoraron sin su culpa.
17. La Representación Aparente La representación aparente ocurre cuando alguien crea una situación que genera en terceros el convencimiento legítimo de la existencia de representación. En este caso, quien crea dicha apariencia asume las consecuencias del acto del falso representante. La eficacia de la representación aparente se fundamenta en la tutela de la confianza del tercero contratante. El texto sugiere que la fuerza legitimadora de la apariencia determina que un poder revocado produzca efectos plenos en relación con un tercero de buena fe que contrató ignorando la revocación que no le fue comunicada, a menos que esta haya sido inscrita. En tal caso, el representado queda obligado por los actos del representante, aunque conserva sus derechos contra este último. Se propone que un acto jurídico celebrado por un representante sin poder o excediéndolo es ineficaz con relación al representado. Sin embargo, el representante sin poder es responsable del daño causado al tercero que confió en la validez del contrato, a menos que el tercero conociera la falta de poder. Esta responsabilidad del falsus procurator es ex lege y puede ir más allá de la culpa. 18. La Representación Tolerada Las fuentes proporcionadas no contienen información específica sobre la "representación tolerada" como una figura jurídica distinta o subtítulo. El concepto más cercano discutido es la representación aparente, basada en la creación de una apariencia que induce a error a terceros de buena fe. 19. Vicios de Voluntad y Estados Subjetivos Relevantes En la representación, se produce una escisión entre la parte sustancial (representado) y la parte formal (representante). La voluntad constitutiva del negocio celebrado es principalmente la del representante. Por ello, la anulabilidad del acto jurídico se produce si la voluntad del representante estuviera viciada. Los vicios de la voluntad o el conocimiento/deber de conocimiento de circunstancias se toman en consideración respecto del representante, no del representado. Excepcionalmente , si el contenido del acto jurídico fue total o parcialmente predeterminado por el representado , el acto es anulable solamente si la voluntad de este (el representado) estuviera viciada respecto de dicho contenido. Esto se debe a que, en tal caso, el representante actúa prácticamente como un mero nuncius , y el margen de actuación del representante es mínimo, haciendo irrelevantes los vicios en su propia voluntad. Si el representante ha actuado siguiendo instrucciones precisas del representado, la anulabilidad por vicio en la voluntad del representante será rechazada. Un representado de mala fe no puede aprovecharse de la ignorancia o buena fe del representante. Si los vicios recaen en la voluntad del tercero, este puede demandar la anulación del acto. 20. Negocio Consigo Mismo El "negocio consigo mismo" (denominado también "autocontrato") ocurre cuando una persona actúa en nombre propio y como representante de otro , o como representante de dos personas diferentes (esta última parte se deduce del contexto de representación plural). Se considera una patología. Aunque pueda parecer que solo hay una
voluntad (la del representante), en realidad hay dos declaraciones de voluntad sustanciales (oferta y aceptación sustanciales) que afectan dos patrimonios distintos. En el ejemplo de un representante autorizado a vender un bien y a comprarlo para sí mismo, hay dos voluntades sustanciales: la del representado como vendedor (transmitida por el representante) y la del representante como comprador por derecho propio. Por regla general, el acto jurídico consigo mismo está prohibido y es anulable, a menos que la ley lo permita, el representado lo autorice específicamente, o el contenido del acto excluya un conflicto de intereses. La figura se ha impuesto en la práctica como un medio útil que facilita la contratación.
21. Sustitución y Delegación del Poder La sustitución implica que el representante cede total o parcialmente su poder a otro sujeto (subrepresentación). En principio, la subrepresentación no está permitida porque el otorgamiento del poder se basa en la relación personal y de confianza entre representado y representante. El representante está obligado a ejercer el poder personalmente , a no ser que el representado le haya facultado expresamente la sustitución. La sustitución requiere un poder especial que faculte al representante original para instituir a otro representante para el representado. Por el acto de sustitución, el representante original celebra un acto en nombre de su representado, obligando directamente al representado respecto del representante sustituto y viceversa. El representante sustituto actúa a nombre del representado y los efectos recaen directamente sobre este. El nuevo representante puede tener las mismas o menores facultades. Aunque el representante original delegue facultades, no queda desvinculado de la relación representativa, pudiendo dar instrucciones o revocar la sustitución, salvo pacto distinto. En representación procesal , se distingue entre sustitución y delegación. La sustitución implica el cese de la representación original sin posibilidad de reasumirla. La delegación faculta al representante original para revocarla y reasumir la representación. La actuación del sustituto o delegado obliga a la parte representada dentro de los límites conferidos. La formalidad para sustituir o delegar es la misma que para otorgar el poder. Si el representante original fue facultado para sustituir sin señalar la persona, responde por los hechos del sustituto si incurrió en culpa inexcusable en la elección. 22. La Renuncia El representante puede renunciar a la representación [87, 88, 128j, 130j]. Al igual que la revocación, la renuncia se fundamenta en el carácter fiduciario (de confianza) de la relación, siendo la pérdida de confianza un móvil para que el representante renuncie. La renuncia extingue el poder. La ley permite al representante renunciar en cualquier momento, aun si es remunerada o si ya se inició la gestión, con la sola condición de comunicarlo al representado. Sin embargo, la ley impone al representante la obligación de continuar con la representación hasta que sea reemplazado o hasta que el representado asuma los actos [88, 130j, 133d]. Excepcionalmente, la renuncia puede tener eficacia inmediata si el representante acredita un impedimento grave o justa causa. El representante puede apartarse sin responsabilidad por daños si, tras notificar su renuncia, transcurren 30 días más el término de la distancia sin ser reemplazado [88, 89, 130j]. Si el representante abandona la gestión sin comunicar su renuncia, sin esperar el plazo, o sin motivo grave o causa justificada, es responsable por los perjuicios causados al representado. La renuncia a la representación es un derecho conferido por la ley, sin necesidad de explicar o fundar la decisión, solo comunicarla y esperar un plazo prudente, salvo impedimento grave o justa causa. Aunque la renuncia está en la naturaleza del apoderamiento, no es de su esencia, por lo que representado y representante pueden convenir que la representación sea
