Resulta fundamental comprender la relevancia de los trabajadores y trabajadoras culturales
en la sociedad venezolana, pues no son solo creadores, sino también quienes custodian y
transmiten el alma de un pueblo. Su labor, a menudo subestimada o invisibilizada, es de una
importancia trascendental para el desarrollo y la cohesión social. Por ende, se entiende que la
protección y el reconocimiento de estos individuos son un pilar indispensable para cualquier
nación que aspire a cultivar su identidad y fortalecer su patrimonio. Un trabajador cultural es
aquella persona cuya actividad principal se centra en la creación, preservación, difusión, enseñanza
o gestión de manifestaciones artísticas, intelectuales y patrimoniales, contribuyendo de forma
activa al desarrollo cultural de una sociedad, ya sea de forma remunerada o no, y bajo diversas
modalidades de empleo. Su quehacer abarca desde el arte escénico hasta la gestión de bibliotecas,
pasando por la literatura, la música, la fotografía y el cuidado del patrimonio, conformando un
ecosistema vital que da forma a la identidad colectiva.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libertad de creación
cultural, lo cual es el punto de partida para toda la legislación posterior. En este sentido, la Carta
Magna no solo declara un derecho, sino que además se compromete a garantizar la incorporación
de los trabajadores culturales al sistema de seguridad social. Esta disposición no es menor, pues
reconoce que el quehacer cultural tiene particularidades que requieren un trato diferenciado, y
busca saldar una deuda histórica con quienes, a través de su esfuerzo, han engrandecido el acervo
cultural del país. De vital importancia resulta que esta promesa constitucional es la génesis de un
marco legal más específico, cuyo objetivo es dotar a estos trabajadores de los derechos y deberes
que merecen, reconociendo que su dignidad se construye a través de la seguridad social y el respeto
a sus condiciones de labor.
Por consiguiente, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT), al dedicar un capítulo a los trabajadores culturales, refuerza el compromiso estatal.
Aunque se delega la regulación detallada a una ley especial, la LOTTT amplía su ámbito de
protección a todos los que realizan actividades culturales con una relación laboral. Sin embargo, es
pertinente señalar que la definición de “cultura" en este contexto es bastante amplia, lo cual, si bien
puede generar cierta ambigüedad, se interpreta como una fortaleza, ya que permite incluir a una
diversidad de perfiles, desde artistas plásticos y músicos hasta promotores culturales y archivistas.
Se infiere, entonces, que esta amplitud busca amparar a todos aquellos cuyas actividades nutren el
ecosistema cultural, reconociendo la multifacética naturaleza de la labor cultural en Venezuela. La
inclusión en la LOTTT es un paso crucial que reconoce la formalidad de su trabajo, sin importar la
naturaleza de la expresión artística o cultural.
La promulgación de la Ley de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural
representa un hito fundamental en este proceso. Este instrumento legal consagra, de manera
explícita, tanto los derechos como los deberes de los trabajadores culturales, abarcando tanto a los
dependientes como a los independientes, y a aquellos bajo contrato. Se entiende que esta ley es
crucial porque establece principios rectores como la soberanía y la identidad nacional, reflejando el
compromiso del Estado con el desarrollo cultural desde sus bases. Entre los derechos
