Ordenamiento de Alcalá.
El texto propuesto a comentar es una extracción del Ordenamiento de Alcalá, ed. Los Códigos
españoles concordados y anotados, vol. I (Madrid 1847). Dicha presenta una naturaleza
histórico- jurídica puesto que trata de un preámbulo del Ordenamiento de Cortes de Alcalá de
1348, concretamente, el título 28 “Por qué leyes se pueden librar los pleitos”.
Más, concretamente, El Ordenamiento de Alcalá es un conjunto de 131 leyes, divididas en 32 títulos,
promulgadas por las Cortes convocadas por Alfonso XI en Alcalá de Henares, el 8 de febrero de 1348
y destinadas a la población de Alcalá de Henares. Forman parte del corpus legislativo de la
Corona de Castilla de la Baja Edad Media.
Este cuerpo legal está considerado como un elemento fundamental en la evolución del Derecho
español. Fue un instrumento esencial para la recepción del derecho romano y canónico, tal y como
habían sido elaborados por juristas italianos y franceses. Este orden se respetaría, casi
completamente, hasta la promulgación, en 1889, del moderno Código Civil.
Este Ordenamiento surgió debido a que la dispersión legislativa y la indefinición de numerosas
situaciones jurisdiccionales hacían necesaria la creación de un cuerpo normativo que ordenara esta
situación jurídica, es decir, más concretamente, a partir del s. XIII vamos a asistir, en Castilla, al deseo,
por parte de los monarcas, de promulgar normas que vinieran a completar los derechos locales de
forma supletoria. Normas que van a estar elaboradas inspiradas en el llamado Ius commune.
Deseos motivados por el fortalecimiento del poder real. Pues a inicio de la Edad Media el poder del
Rey apenas se diferenciaba <<de facto>> de algunos grandes señores feudales, es decir, el monarca
apenas creaba derecho, carecía de poder suficiente para imponer su voluntad en forma de normas de
vigencia general.
Como motivo, deseo, de establecer un derecho general e impulsar el poder del monarca se
establecieron varios intentos de formar un derecho sustentado en la generalidad como: el de
Fernando III, quien promulga el denominado “Fuero juzgo”, que no es más que la versión castellana
del Liber Iudicioru del año 654, vigente en la época visigoda; este será el cuerpo legal que se utilice
en Castilla, a partir de 1241, pues regulará, principalmente, derechos de carácter municipal y se irá
concediendo, paulatinamente, a los territorios conquistados a los musulmanes. O el de Alfonso X, el
sabio, del que podemos destacar tres obras jurídicas de gran prestigio como son: el “Fuero Real de
Castillas”, que no es más que un texto de derecho local para ser otorgado a distintas localidades de
la Extremadura castellana dentro del reino de Toledo y Andalucía en 12546, concedido a diferentes
villas y ciudades tan relevantes como como: Burgos, Palencia, Sahagún (León), Alarcón, Alcaraz,
Segovia, Soria, Arévalo, Atienza y Ávila; el “Espéculo”, denominación que procede de las palabras
que figuran en su prólogo donde de manifiesta su intención de recoger todo el derecho castellano que
se encontraba disperso, es decir, trata de sistematizar y depurar el derecho tradicional construyendo
un ordenamiento jurídico unitario con vigencia general para todo el Reino. En sus libros se hace
referencia al derecho canónico a la organización política y judicial, así como al derecho procesal; y,
por último, “Siete partidas”, cuyo contenido está inspirado en el ius commune, las partidas se
tratan, sin duda, de la obra jurídica más importante de su tiempo. podemos afirmar que constituye la
visión castellana del derecho común y de la manifestación más evidente de la incorporación de Castilla
