Download Análisis del Código Civil Chileno: Estado Civil, Domicilio y Patrimonio - Prof. Estevez and more Lecture notes Civil Law in PDF only on Docsity!
LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD^1
1.- Concepto y enumeración. Los atributos de la personalidad se han definido por nuestra doctrina como las propiedades o características inherentes a toda persona y que, como tales, siempre la acompañan. Importan, al mismo tiempo, una serie de ventajas o prerrogativas y un conjunto de deberes y obligaciones. Se trata de derechos extrapatrimoniales, sin un significado económico directo.^2 Estos atributos, que se refieren tanto a las personas naturales como a las jurídicas (con algunas salvedades), son principalmente: 1º La capacidad de goce. 2º La nacionalidad. 3º El nombre. 4º El domicilio. 5º El estado civil. 6º El patrimonio. Analizaremos por el momento la materia sólo en relación a las personas naturales. 2.- La capacidad de goce. 2.1. Definición. La capacidad, en términos generales, es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y bajo ciertas circunstancias, poder ejercerlos y cumplirlas por sí misma. De la definición, podemos extraer las siguientes ideas: i.- Se trata de una aptitud legal: es la ley la que le reconoce a una persona la competencia para actuar en el ámbito jurídico. ii.- En virtud de esta aptitud, una persona puede adquirir derechos o contraer obligaciones. Es decir, puede llegar a ser titular de ciertas facultades que le permiten exigir de otras personas el cumplimiento de cierta conducta, o puede asumir la calidad de sujeto pasivo en una relación jurídica, de manera que sea ella la que debe ejecutar cierta conducta en favor de un tercero. iii.- Los derechos y las obligaciones se adquieren y se contraen, respectivamente, para ejercerlos y para cumplirlas. Pero la posibilidad de que dicho ejercicio o tal cumplimiento sea realizado en forma personal, dependerá de si el individuo es plenamente capaz. De no serlo, el ejercicio y el cumplimiento de los derechos y de las obligaciones se harán a través del respectivo representante legal. 2.2. Clases de capacidad. De la definición, se desprende que la capacidad puede ser de goce o adquisitiva y de ejercicio , o legal, como la llama nuestro Código Civil. (^1) Fecha de última modificación: 10 de abril de 2023. (^2) Vodanovic H., Antonio, Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte General. Explicaciones basadas en las versiones de clases de los profesores de la Universidad de Chile Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., redactadas, ampliadas y actualizadas por Antonio Vodanovic H. , Tomo Segundo, Ediar-Conosur Ltda., Santiago, 1991, Quinta Edición, Nº 594, p. 389; Ducci Claro, Carlos, Derecho Civil. Parte General , 2ª edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1984, Nº 117, p. 111.
La capacidad de goce es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. En el Derecho comparado, también se le denomina capacidad de derecho. La capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una persona para ejercer los derechos y para cumplir las obligaciones por sí mismo, sin el ministerio o la autorización de otra persona. En el Derecho comparado, también se le denomina capacidad de hecho. El Código Civil no define la capacidad de goce, pero sí la capacidad de ejercicio, en el art. 1445, inc. 2º: “La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o autorización de otra”. 2.3. Capacidad de goce, atributo de la personalidad. El concepto de personalidad se confunde con el concepto de capacidad de goce. Ser persona, en realidad, es tener capacidad de goce; todo individuo susceptible de ser sujeto de derecho, es persona. Por eso, no existen seres humanos desprovistos en absoluto de la capacidad de goce. Privar a un ser humano de la capacidad para adquirir todo derecho, sería dejar de considerarlo persona. Dentro de nuestra legislación, sólo hay incapacidades de goce especiales , esto es, referentes a uno o más derechos determinados, pero jamás una incapacidad de goce absoluta o general. En cambio, es posible que ciertos individuos estén totalmente desprovistos de capacidad de ejercicio, lo que no infringe los principios anteriores, pues esta capacidad no constituye un atributo de la personalidad. De esta manera, “Si bien toda persona, por ser tal, tiene capacidad de goce, no todas poseen capacidad de ejercicio. En otros términos, aunque pueden ser titulares de derechos no pueden ejercitar dichos derechos por sí mismas”.^3 Esto explica, por ejemplo, que un niño recién nacido puede adquirir el derecho de dominio sobre bienes que adquiere de su abuelo por sucesión por causa de muerte, o que un demente adquiera por donación, un inmueble que le dona su hermano. Uno y otro, tienen capacidad de goce y pueden entonces adquirir derechos. Pero ninguno de ellos, como es lógico, podrá ejercitar las facultades propias del dominio por sí solos. Requerirán de la intervención de sus representantes legales, porque no tienen capacidad de ejercicio. 2.4. La incapacidad de ejercicio es excepcional. La capacidad de ejercicio es el primer requisito que debe concurrir en todo acto o contrato para que éste sea válido. Dispone el art. 1445: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1º que sea legalmente capaz”. Cuando la ley habla de la capacidad “legal”, se está refiriendo a la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la regla general y la incapacidad lo excepcional. Establece el art. 1446: “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces”. De la falta de capacidad de ejercicio trata el art. 1447, distinguiéndose entre los absolutamente incapaces y los relativamente incapaces: “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. / Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. / Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas (^3) Ducci Claro, Carlos, ob. cit., Nº 122, p. 114.
La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado y que origina derechos y obligaciones recíprocas. El Estado tiene diversos deberes para con sus nacionales, entre ellos otorgar el amparo legal (comprendiendo el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, etc.), garantizar el desarrollo de la personalidad (asegurando al menos la educación básica y media y fomentando la educación técnica y superior y la cultura en general), conferir derechos políticos, garantizar la igual repartición de los impuestos, prestar amparo diplomático a los chilenos en el extranjero, etc. Los particulares, por su parte, tienen deberes correlativos, entre ellos fundamentalmente el respeto a la institucionalidad y legalidad vigentes, cumplir con el servicio militar, pagar los impuestos, defender al país en caso de guerra, etc. (art. 22 de la Constitución Política). 3.2. Igualdad de los chilenos y extranjeros ante el Derecho Civil. El Código Civil no reglamenta la nacionalidad, sino que se remite a la Constitución. El art. 55 señala que las personas se dividen en chilenos y extranjeros. El art. 56 dispone que son chilenos los que la Constitución declara tales. Los demás son extranjeros. El art. 57 consagra el principio de igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles. De igual forma, el artículo 997 ratifica que no hay diferencias entre chilenos y extranjeros, en lo concerniente a las sucesiones intestadas abiertas en nuestro país. Estas disposiciones están directamente relacionadas con los arts. 14 y 16, que consagran el principio de la territorialidad. Como contrapartida al sometimiento a la ley chilena, que imponen a los extranjeros los arts. 14 y 16, se les otorgan las franquicias de los arts. 57 y 997. 3.3. Adquisición y pérdida de la nacionalidad. Esta materia está regulada por el Constitución Política de la República, en el Capítulo II, “Nacionalidad y Ciudadanía”. a) Quiénes son chilenos. Conforme al art. 10 de la Constitución política, son chilenos: 1º Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de: i.- Los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno; y ii.- Los hijos de extranjeros transeúntes. Con todo, ambos podrán optar por la nacionalidad chilena. Para ello, deberán hacerlo mediante una declaración en que manifiesten que optan por la nacionalidad chilena. Dicha declaración deberán hacerse en el plazo fatal de un año, contado desde la fecha en que el interesado cumpla 18 años de edad, y ante el Intendente o Gobernador respectivo, en Chile, o el Agente Diplomático o Cónsul de la República en el extranjero, y después de acreditar fehacientemente que el interesado se encuentra en alguno de los casos consignados “en el artículo 5 Nº 1 de la Constitución”^4 (art. 10 del Decreto Supremo Nº 5.142, publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior, que “Fija texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros”). 2º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el extranjero, pero siempre y cuando alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado (es decir, sus padres o sus abuelos), haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de los números 1º, 3º o 4º. (^4) El decreto supremo alude como es obvio a la Constitución Política de 1925. Hoy, la referencia debe entenderse al art. 10, Nº 1 de la Constitución Política de 1980.
3º Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley. 4º Los que obtuvieren la nacionalidad por gracia. La nacionalidad puede ser “adquirida” o “de origen” y “derivada”, o “de elección”. La nacionalidad adquirida o de origen es la que se adquiere con el nacimiento. Puede tenerse en virtud del ius solis o del ius sanguinis. Conforme al ius solis , se adquiere la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se nace. De acuerdo al ius sanguinis , se adquiere la nacionalidad de los padres con prescindencia del lugar en que se nace. Como puede observarse, la Constitución consagra un ius solis atenuado, pues no basta haber nacido en Chile para detentar de inmediato la nacionalidad chilena. Otro tanto puede afirmarse del ius sanguinis. No todo hijo de chilenos nacido en el extranjero, obtendrá por dicha filiación la nacionalidad chilena. La nacionalidad derivada o de elección, es la que se adquiere mediante la carta de nacionalización. El citado Decreto Supremo Nº 5.142, publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior, regula la materia. Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que cumplan los siguientes requisitos (arts. 2º y 3º): i.- Que hayan cumplido 18 años. Con todo, también podrán solicitar carta de nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años de edad, tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República, cuenten para ello con la autorización de quienes estén a cargo de su cuidado personal y hayan obtenido permiso de residencia definitiva. A su vez, los menores de 18 años, cuyo padre o madre tenga la calidad de refugiados reconocidos por Chile, podrán nacionalizarse chilenos desde el momento en que, al menos, uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización, sin necesidad de cumplir cualquier otro requisito legal. ii.- Que tengan más de cinco años de residencia en Chile. Corresponderá al Ministerio del Interior calificar, atendidas las circunstancias, si viajes accidentales al extranjero han interrumpido o no la residencia continuada. iii.- Que sean titulares del permiso de residencia definitiva. iv.- Que renuncien a su nacionalidad de origen o a cualquiera otra adquirida o que pudiere corresponderle. v.- Que no hayan sido condenados o estén actualmente “procesados”^5 por simples delitos o crímenes, hasta que se sobresea definitivamente a su respecto. vi.- Que estén capacitados para ganarse la vida. vii.- Que no practiquen o difundan doctrinas que puedan producir la alteración revolucionaria del régimen social o político o que puedan afectar a la integridad nacional. viii.- Que no se dediquen a trabajos ilícitos o que pugnen con las buenas costumbres, la moral o el orden público y, en general, aquellos extranjeros cuya nacionalización no se estime conveniente por razones de seguridad nacional. b) Pérdida de la nacionalidad chilena. Conforme al art. 11 de la Constitución Política, la nacionalidad chilena se pierde: 1 º Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. La renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se hubiere nacionalizado en país extranjero. 2º Por prestar servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o a sus aliados (en este caso, la nacionalidad se perderá dictando un Decreto Supremo). 3º Por cancelación de la carta de nacionalización. 4º Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Los que pierdan la nacionalidad chilena, sólo podrán ser rehabilitados por ley. El art. 12 de la Constitución establece un recurso ante la Corte Suprema, que debe interponerse en el plazo de 30 días. La Corte Suprema conoce del recurso como (^5) La expresión “procesado” corresponde al antiguo procedimiento penal. Hoy, debiéramos entenderla equivalente a quienes han sido “acusados”.
a) Dentro del mar territorial (definido en el art. 593), sólo pueden realizar faenas de pesca los chilenos y los extranjeros domiciliados: art. 611 del Código Civil, en relación a la Ley Nº 4.601 (sobre Caza, cuyo texto fijó la Ley Nº 19.473) y a la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura. El art. 17 de la última, establece que para solicitar autorización de pesca, el solicitante, de ser persona natural, deberá ser chileno o extranjero que disponga de permanencia definitiva; si el solicitante fuere una persona jurídica, deberá estar legalmente constituida en Chile. Originalmente, esta prohibición pretendía evitar el contrabando. b) Los que carecen de domicilio en Chile, no pueden desempeñarse como albaceas (arts. 1272, 497 Nº 6 y 1270, todos del Código Civil). c) No pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile, los extranjeros no domiciliados en el país: art. 1012 Nº 10 del Código Civil. d) Caso de extraterritorialidad establecido en el art. 15 Nº 2 del Código Civil: la norma sólo se refiere al cónyuge y parientes chilenos. e) Caso del art. 998 del Código Civil, sucesión de un extranjero que deja bienes en Chile: sólo se refiere a los herederos chilenos. f) Tratándose de un testamento otorgado en el extranjero, sólo podrán hacerlo conforme a la ley chilena los chilenos y los extranjeros domiciliados en Chile (art. 1028 del Código Civil). g) Prohibición de adquirir el dominio de bienes raíces ubicados en ciertas provincias o regiones limítrofes, para aquellos extranjeros en cuyos países rija prohibición análoga para los chilenos. h) Las personas naturales o jurídicas extranjeras, no pueden celebrar contratos de arrendamiento sobre predios rústicos, cuando éstos se ubican en zonas fronterizas (art. 3 del Decreto Ley N° 993, que regula el arrendamiento de predios rústicos). i) No pueden ser testigos, para los efectos de una inscripción en los libros del Registro Civil, los extranjeros que no tienen domicilio en Chile: art. 16 de la Ley de Registro Civil. j) Las personas naturales o jurídicas extranjeras, no pueden adquirir o detentar la mera tenencia de tierras fiscales fronterizas y de tierras fiscales contiguas a la costa (art. 6 del Decreto Ley Nº 1.939). 4.- El nombre. 4.1. Definición. Se entiende por tal las palabras que sirven para distinguir legalmente a una persona de las demás. Es la designación que sirve para individualizar a las personas, gráfica y verbalmente, tanto en la sociedad como en su familia de origen. Se trata, según el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la “Designación oficial de una persona, compuesta del nombre propiamente dicho y del apellido o apellidos, que la individualiza frente a las otras en la convivencia social”. La Ley Nº 21.334, publicada el 14 de mayo de 2021, sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres, introdujo el art. 58 bis del Código Civil, que define el nombre en los siguientes términos: “Nombre es el conjunto de palabras que sirve legalmente para identificar a una persona. Está formado por el o los nombres propios, y por el o los apellidos con que se encuentre individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento”. Cabe consignar que el art. 7 de la Convención de los Derechos del Niño, establece que “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre”. En nuestros días, en algunos países se han formulado y aprobado algunas propuestas para modificar la forma de designar a las personas, de manera que sus padres puedan optar por señalar como primer apellido el paterno o el materno o la
misma persona pueda ejercer esa opción. Es precisamente lo que ha ocurrido en Chile, en virtud de la citada Ley Nº 21.334, a la que aludiremos nuevamente más adelante.
4. 2. Clasificación. Se distingue entre: a) El nombre civil. b) El sobrenombre. c) El seudónimo. d) El nombre comercial (este último a propósito de las personas jurídicas). Revisamos seguidamente las tres primeras denominaciones: a) El nombre civil. Comprende dos elementos: el nombre de familia o apellido y el nombre propio, individual o “de pila” (en alusión a la pila bautismal). El nombre de familia identifica a la persona dentro de la sociedad , señalando su familia de origen. Comprende el apellido o los dos apellidos de un individuo. El nombre individual o “de pila” identifica a la persona dentro de su familia. Comprende un nombre o los dos nombres propios (usualmente, las personas tienen dos nombres propios, pero nada impide que tengan sólo uno o más de dos). a.1) El nombre de familia. i.- Adquisición del nombre de familia tratándose de los hijos de filiación matrimonial o no matrimonial. Las partidas de nacimiento deben contener el nombre o nombres de pila y uno o dos apellidos del nacido. Dispone el art. 31 Nº 3 de la Ley de Registro Civil: “Las partidas de nacimiento deberán contener, además de las indicaciones comunes a toda inscripción, las siguientes: (…) 3º El o los nombres del nacido, que indique la persona que requiere la inscripción, y el o los apellidos del nacido que correspondan, de conformidad con las disposiciones del Párrafo 2 del Título I del Libro I del Código Civil. / Tratándose de la inscripción de un nacido cuya filiación no se encuentre determinada, se inscribirá con el o los apellidos que indique la persona que requiere la inscripción”. Las partidas de nacimiento deben contener los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los padres, o los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido. Se dejará constancia de los nombres y apellidos de la madre, aunque no haya reconocimiento, cuando la declaración del requirente coincida con el comprobante del médico que haya asistido al parto en lo concerniente a las identidades del nacido y de la mujer que le dio a luz (art. 31 Nº 4 de la Ley de Registro Civil). Por ello, usualmente, el reconocimiento del hijo no matrimonial sólo debe hacerlo el padre y no la madre. Sin embargo, de no existir comprobante de parto, la maternidad sólo podrá quedar determinada por reconocimiento hecho por la madre o por sentencia judicial dictada en un juicio de filiación. En el art. 31 citado, en su inc. 2º, también se establece, sea la filiación matrimonial o no matrimonial, que no podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje. Si el Oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo que dispone el inc. 2º del art. 31, se opusiere a la inscripción de un nombre y el que lo solicite insistiere en ello, enviará de inmediato los antecedentes al Juez de Letras competente, quien resolverá en el menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición. Conforme a las normas de la Ley Nº 21.334, que introdujo el art. 58 ter del Código Civil, la determinación o “transmisión” del nombre de familia se hará de la manera prevista en esta norma, que reza: “El primer apellido del o de los progenitores se transmitirá a sus hijos, conforme al orden que, según los casos, se determine en
inscripción de nacimiento antecederá al otro apellido, a menos que, no habiendo el hijo alcanzado la mayoría de edad, los progenitores manifiesten, de común acuerdo, su voluntad de que se proceda con el orden inverso”. Así, por ejemplo, si al momento de la inscripción el hijo o hija tiene como apellido el primero de su madre, y después fuere reconocido por el padre, el apellido de éste será el segundo, y mantendrá el hijo o hija como primer apellido el de la madre. Lo anterior, de no mediar un acuerdo de la madre y del padre, para que se invierta el orden de los apellidos. vi) Con todo, para aplicar lo expuesto en los literales iv) y v), “previamente el oficial del Registro Civil deberá verificar si existieren en los registros hijos inscritos a nombre de cada uno de los progenitores”. vii) En cualquier caso, todos los hijos que dos progenitores tengan en común, deberán inscribirse siempre con el mismo orden de apellidos, conforme al orden fijado en la inscripción de nacimiento del primero de sus hijos comunes. viii) En cuanto a la forma en que debe manifestarse el acuerdo de los padres, habrá que estar a lo que disponga sobre este particular el Reglamento de la Ley Nº 21.334.^6 ii.- Adquisición del nombre de familia tratándose de la filiación matrimonial por adopción. En virtud de la adopción, se concede al adoptado el estado civil de hijo de filiación matrimonial de los adoptantes. El adoptado, en consecuencia, necesariamente debe tomar el nombre civil de los padres adoptivos. El cambio de los apellidos se verifica en la nueva inscripción de nacimiento que corresponde hacer, debiendo cancelarse la antigua. Se aplicarán, en lo que concierne al orden de los dos apellidos, lo dispuesto en el art. 58 ter del Código Civil. a.2) El nombre propio o individual. A diferencia del nombre de familia o patronímico, que revela, por lo general, la filiación, los nombres propios o “de pila” tienen un carácter individual, arbitrario. El niño lleva él o los nombres propios que le han sido dados en la inscripción de nacimiento. Puede darse a una persona todos los nombres propios que se quieran, con las limitaciones que dispone el art. 31 de la Ley de Registro Civil, ya indicadas. a.3) El cambio de nombre. El nombre no tiene un carácter inmutable. Definitivo en principio, puede modificarse sin embargo en el curso de la existencia de una persona. El cambio puede producirse por vía principal o por vía consecuencial. El cambio por vía principal o directa está constituido por el procedimiento que tiende única y exclusivamente a obtener la mutación del nombre. El cambio por vía consecuencial o indirecta es el que se produce como consecuencia del cambio de una determinada situación jurídica. Por ejemplo, el hijo de filiación no matrimonial reconocido sólo por la madre y que después adquiere la filiación matrimonial por el matrimonio posterior de sus padres, pasando a llevar el apellido materno y paterno, en lugar sólo del primero. El cambio de nombre por vía principal o directa puede operar de tres maneras: i.- Cambio de nombre de conformidad a la Ley Nº 17.344. Dispone esta ley – que fue modificada por la Ley Nº 21.334- que cualquiera persona puede solicitar, por una sola vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos o ambos a la vez, en los siguientes casos: i) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente. ii) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos o ambos, diferentes de los propios. (^6) La materia se encuentra regulada en el Decreto Supremo N° 105, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial el 10 de enero de 2022, que “Aprueba reglamento que regula las materias a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 21.334, sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres”.
iii) En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que hubieran impuesto al nacido, cuando fueren iguales. En este caso, se trata de que no se haga manifiesta una filiación no matrimonial o indeterminada. iv) Cuando el solicitante desee invertir el orden de los apellidos fijados en su inscripción de nacimiento. v) Cuando el solicitante desee usar uno u otro apellido de un asciende en línea recta hasta el segundo grado (por lo tanto, podrá solicitarse el cambio por uno de los apellidos de cualquiera de los padres o de los abuelos). La ley contempla otras situaciones que también habilitan para introducir cambios en el nombre civil: vi) Supresión de nombres propios cuando se cuenta con más de uno: en los casos en que una persona haya sido conocida durante más de 5 años, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el titular podrá solicitar que se suprima en la inscripción de nacimiento, en la de su matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su caso, él o los nombres que no hubiere usado. vii) Traducción o cambio de nombres o apellidos que no sean de origen español: el interesado puede solicitar autorización para traducirlos al idioma castellano. Podrá solicitar, además, autorización para cambiarlos si la pronunciación o escrituración de los mismos es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana. viii) Peticiones entabladas por los menores de edad: si carecen de representante legal o si teniéndolo éste estuviere impedido por cualquier causa o se negare a autorizar al menor el cambio o supresión de los nombres o apellidos, el juez resolverá, con audiencia del menor (oyéndolo), a petición de cualquier consanguíneo de éste o del Defensor de Menores y aún de oficio. En cuanto al procedimiento, será juez competente para conocer de las gestiones a que se refiere la Ley Nº 17.344, el de Letras en lo Civil del domicilio del peticionario. El tribunal, al proveer la solicitud de una persona mayor de 18 años de edad, le informará del procedimiento administrativo para solicitar el cambio del orden de los apellidos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, regulado en los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quáter de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil (nos referiremos a ellos más adelante). La solicitud deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial de los días 1 o 15 de cada mes o del día siguiente hábil si dicho Diario no apareciere en las fechas indicadas. El extracto, contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y apellidos que éste pretenda usar en reemplazo de los propios. Dentro del término de 30 días, contados desde la fecha de la publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la solicitud, acompañando los antecedentes para ello. El juez procederá sin forma de juicio, apreciando la prueba en conciencia. Si no hubiere oposición, el tribunal procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria de testigos. En todo caso, siempre debe oírse a la Dirección General del Registro Civil e Identificación. La Dirección deberá informar si el solicitante registra condenas, los datos de las partidas de nacimiento de cada uno de sus hijos, los datos de su cónyuge o de la persona con quien se encuentre unida por acuerdo de unión civil, y todo otro antecedente que resultare relevante. Asimismo, el tribunal requerirá informe de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y del Ministerio Público, con el objeto de que informen si el solicitante se encuentra actualmente procesado o formalizado, o tuviere condenas pendientes, o existieren a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales.
todos los hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, si fuere el caso. En la sentencia que autorice el cambio de orden de los apellidos, el tribunal informará de la posibilidad de solicitar el cambio del respectivo apellido de transmisión por los hijos mayores de edad de quien obtuvo el cambio de orden de los apellidos, ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, conforme lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 17 ter de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil. El uso de los primitivos nombres o apellidos y la utilización del nuevo nombre o apellido para eximirse, impedir, dificultar o eludir el cumplimiento de cualquier obligación, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo (art. 5). ii.- Cambio de nombre de conformidad a la Ley Nº 21.120. Por su parte, conforme a lo expuesto en esta obra, la Ley Nº 21.120, que “Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género”, también establece el derecho de una persona a obtener la rectificación de su nombre en la partida de nacimiento. Nos remitimos a lo expuesto al tratar de esa ley. iii.- Cambio de nombre de conformidad a la Ley Nº 21.334, que modificó la Ley Nº 4.808. El art. 2 de la Ley Nº 21.334, modificó la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, introduciendo los arts. 17 bis, 17 ter y 17 quáter y modificando el art. 31, Nº 3. Resumimos estas normas: i) Toda persona mayor de edad podrá, por una sola vez, solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio de orden de apellidos determinados en su inscripción de nacimiento (art. 17 bis, inc. 1º). ii) La solicitud deberá indicar el nuevo orden de los apellidos con los que quiere ser identificado el requirente y su petición expresa de rectificar los registros con que se le identifique en el Servicio de Registro Civil e Identificación (art. 17 bis, inc. 2º). iii) En el caso de los extranjeros, deben gozar de permanencia en Chile e inscribir previamente su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación. Para ello, deberán acompañar la documentación necesaria debidamente legalizada (art. 17 bis, inc. 3º). iv) No podrán solicitar el cambio de orden de los apellidos las personas: 1. Que se encontraren actualmente procesadas o formalizadas; 2. Existiere a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontraren sujetas a otras medidas cautelares personales; 3. Hubieren sido condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Lo anterior, sin perjuicio de recurrir a la Ley Nº 17.344, en los casos en que cumplieren los requisitos de ésta última (art. 17 bis, inc. 4º). v) Ingresada la solicitud, se verificará la identidad del solicitante y se oficiará a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile y al Ministerio Público con el objeto de que informen si el requirente se encuentra actualmente procesado o formalizado, o tuviera condenas pendientes, o existieren a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales y se revisará el Registro General de Condenas y el Prontuario (art. 17 bis, incs. 5º y 6º). vi) Una vez que el Servicio de Registro Civil e Identificación reciba los informes de las instituciones mencionadas, su Director Nacional dictará la correspondiente orden de servicio (resolución administrativa) fundada, que podrá acoger, rechazar o declarar inadmisible la solicitud. La resolución expresará los recursos que contra la misma procedan, es decir, señalará el órgano administrativo o judicial ante el que deberán presentarse y el plazo para hacerlo (art. 17 bis, inc. 7º). vii) La resolución declarará inadmisible el requerimiento en los siguientes casos: 1. Si la presentare un menor de edad, 2. Si el solicitante se encontrare actualmente procesado o formalizado; 3. Si existiere a su respecto órdenes de arresto o detención pendientes o se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales; 4. Si hubiere sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva (caso en el cual deberá
informarse acerca del procedimiento contenido en la Ley Nº 17.344), y 5. Cuando el solicitante hubiere sido condenado por alguno de los delitos establecidos en los párrafos V y VI del Título 7º del Libro Segundo del Código Penal, no procediendo en este caso el procedimiento contenido en la Ley Nº 17.344 (art. 17 bis, inc. 8º). viii) Acogida la solicitud, el Servicio de Registro Civil e Identificación: 1. Procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes; 2. Emitirá los nuevos documentos identificatorios, que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores; 3. Citará a la persona interesada para que concurra de manera personal a retirar los nuevos documentos de identidad (art. 17 ter, incs. 1º y 2º). ix) Los documentos de identidad originales no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada (art. 17 ter, inc. 3º). x) El solicitante conservará su número de rol único nacional (art. 17 ter, inc. 4º). xi) El cambio del orden de los apellidos sólo operará respecto del solicitante, sin que resulte extensivo a los ascendientes, y no alterará la filiación (art. 17 ter, inc. 5º). xii) Por su parte, el cambio del orden de los apellidos del solicitante provocará el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, debiendo procederse por igual respecto de todos ellos (art. 17 ter, inc. 5º). xiii) Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante tuviere uno o más hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, éstos deberán manifestar su consentimiento, mediante declaración escrita extendida ante el Oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, caso en el cual también se deberá proceder por igual respecto de todos los hijos menores de edad. Cuando en tales términos corresponda proceder con el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la orden de servicio por la que acoja la solicitud de cambio del orden de los apellidos del solicitante, además deberá ordenar las correspondientes rectificaciones en las partidas de nacimiento de todos los hijos menores de edad, procediéndose con las modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones (art. 17 ter, inc. 5º). xiv) Los hijos mayores de edad de quien obtenga el cambio del orden de sus apellidos por el procedimiento de esta ley o mediante el procedimiento de la ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos, podrán solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio del respectivo apellido de transmisión, caso en el cual se procederá con la rectificación en la partida de nacimiento; modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones (art. 17 ter, inc. 6º). xv) El Servicio de Registro Civil e Identificación informará de la rectificación de la partida de nacimiento y de la emisión de nuevos documentos, especialmente, a las siguientes instituciones, cuando corresponda: a) Al Servicio Electoral. b) Al Servicio de Impuestos Internos. c) A la Tesorería General de la República. d) A la Policía de Investigaciones de Chile. e) A Carabineros de Chile. f) A Gendarmería de Chile. g) A la Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el o la solicitante, la que deberá consignar el nuevo orden de los apellidos del cotizante registrado por dicha institución. h) A la Superintendencia de Pensiones, a fin de que ésta informe a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según donde cotice el o la solicitante, del cambio de orden de sus apellidos, el que deberá ser registrado por la respectiva institución previsional. i) Al Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de orden de los apellidos de la persona solicitante. j) Al Ministerio de Educación. k) Al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). l) A la Corporación de Universidades Privadas (CUP). m) Al Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (CONIFOS). n) A las asociaciones de notarios, conservadores y archiveros judiciales, para que éstas informen a sus asociados
El nombre civil lo llevamos a lo largo de toda nuestra vida, hasta el momento en que fallecemos. Con todo, conforme a lo expuesto, en ciertos casos, es posible mudar el nombre civil de una persona, pero sólo por las causas previstas en la ley. vii.- Es uno e indivisible. De ahí que las sentencias que se dictan en materia de nombre, produzcan efectos absolutos y no relativos.^8 a.5) Protección del nombre. El derecho al nombre está protegido, y un uso fraudulento del mismo acarrea la imposición de penas y eventualmente responsabilidad civil. Diversos preceptos del Código Penal se preocupan de la materia: i.- Art. 214: incurre en un delito, aquel que usurpa el nombre de otro. A la pena se sumará indemnización de perjuicios, si como consecuencia de la usurpación se ocasiona daño a la fama o intereses de la persona cuyo nombre se usurpó. La responsabilidad civil extracontractual podrá reclamarse mediante una acción fundada en los arts. 2314 y siguientes del Código Civil. Dispone el precepto: “El que usurpare el nombre de otro será castigado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a consecuencia del daño que en su fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre ha usurpado”. ii.- Art. 193: comete delito el empleado público que, abusando de su oficio, incurre en falsedad contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. Establece la norma: “Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: 1.° Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica”. iii.- Art. 197: se refiere a toda persona que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades antes indicadas. Consigna el artículo: “El que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el art. 193, sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, o sólo la primera de ellas según las circunstancias. / Si tales falsedades se hubieren cometido en letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles, se castigará a los culpables con presidio menor en su grado máximo y multa de dieciséis a veinte unidades tributarias mensuales, o sólo con la primera de estas penas atendidas las circunstancias”. iv.- Art. 468: se refiere al que defraudare a otro usando de nombre fingido. Expresa la ley: “Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante”. En el Código Civil, cabe tener presente el art. 548-3, inc. 2º, en las normas de las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro: “El nombre no podrá coincidir o tener similitud susceptible de provocar confusión con ninguna otra persona jurídica u organización vigente, sea pública o privada, ni con personas naturales, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus sucesores, o hubieren transcurrido veinte años desde su muerte”. A su vez, el art. 20 de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, dispone: “No podrán registrarse como marcas: (…) c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de (^8) Vodanovic H., Antonio, ob. cit., Nº 645, pp. 418 y 419; Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Parte General , Tomo I, 12ª edición actualizada, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2007, Nº 319, p. 304.
personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor”. Por su parte, dispone el art. 79 bis de la Ley Nº 17.336, Ley de Propiedad Intelectual: “El que falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto, será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales”. b) El sobrenombre. Se define el sobrenombre o apodo como “el nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia”.^9 El sobrenombre o apodo carece de todo valor jurídico, no forma parte de la designación legal de la persona. Para identificar a ciertos delincuentes, más conocidos por sus sobrenombres en el mundo del hampa, puede tener importancia sin embargo, y por ello, el art. 321 del Código de Procedimiento Penal (todavía vigente para los delitos cometidos antes de entrar en vigencia la reforma procesal penal) dispone que en la primera declaración se le preguntará al inculpado, entre otras cosas, su apodo, si lo tuviere.^10 c) El seudónimo. Se le define como “el nombre utilizado por una persona en un determinado ámbito, en lugar del suyo verdadero, especialmente el usado por un escritor o un artista”.^11 Se encuentra recogido por la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual, en cuyo art. 5, letra e), se define la obra seudónima como aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica; el art. 8 establece que se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad. El art. 14, por su parte, dispone que “El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las siguientes facultades: 1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido”. A su vez, el art. 20 de la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, ya citado, alude también al seudónimo, permitiendo que se inscriba como marca, con el consentimiento del interesado. 5.- El estado civil. 5.1. Definición. Su definición legal se encuentra en el art. 304: “El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”. La definición es imperfecta, por cuanto se trata de una fórmula muy amplia o general, que no se compadece con el contenido del título del Código Civil dentro del cual está ubicada. No expresa en realidad qué es el estado civil, limitándose a consignar que de él resultan consecuencias jurídicas, sin señalar en qué consiste la “calidad” de que proceden tales consecuencias. Además, la definición también podría aplicarse a la capacidad de ejercicio. Por otra parte, es evidente que el legislador tiene un concepto del estado civil limitado a las relaciones familiares. (^9) Vodanovic H., Antonio, ob. cit., Nº 648, p. 420. (^10) Vodanovic H., Antonio, ob. cit., Nº 648, p. 420. (^11) Diccionario Panhispánico de Dudas.
b) Es uno e indivisible, atendiendo a una misma clase de relaciones de familia. Puede ocurrir que dos estados civiles coexistan, cuando dependen de dos hechos distintos: el de hijo de filiación matrimonial, por mandato imperativo de la ley; y el de casado, por voluntad del individuo. Pero la unidad e indivisibilidad se relaciona con un mismo hecho de origen; así, por ejemplo, no pueden coexistir en una misma persona las calidades de hijo de filiación matrimonial y de hijo de filiación no matrimonial, o la de casada y soltera. Sin embargo, cabe advertir que existe una excepción: atendiendo a la relación de familia “matrimonio”, una persona puede tener, al mismo tiempo, el estado civil de “casada” y de “separada judicialmente”. c) Las leyes sobre el estado civil son de orden público. El estado civil está fuera del comercio humano y por ende, no puede renunciarse, transferirse ni transmitirse. El art. 2450 dice expresamente que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Además, no puede adquirirse por prescripción, pues el art. 2498 establece que sólo puede adquirirse por este modo las cosas que están en el comercio humano; sobre este punto, también debemos tener presente el art. 320, inc. 1º, en cuanto expresa que “Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”. A su vez, las cuestiones sobre el estado civil no pueden someterse a arbitraje. Todo lo relativo al estado civil es de orden público, toda su regulación está establecida por la ley y escapa a la autonomía de la voluntad. Incluso en el matrimonio, en sí un acto voluntario, un contrato, las consecuencias están reguladas por la ley, aun las patrimoniales, dejándose a los cónyuges un limitado ámbito en el cual establecer sus propias estipulaciones, como ocurre con las capitulaciones matrimoniales y en la adopción de un régimen patrimonial. Otros casos en el cual la ley deja un margen a la autonomía de la voluntad, es el concerniente al pacto relativo al cuidado personal de los hijos (art. 225) y al ejercicio de la patria potestad (art. 244). El que se trate de normas de orden público, también implica que en las causas sobre el estado civil debe oírse al Ministerio Público Judicial. En síntesis, el estado civil es incomerciable, imprescriptible e intransable. A su vez, el art. 106, inc. 5°, de la Ley Nº 19.968, sobre Tribunales de Familia, advierte que no se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil (por lo tanto, no pueden quedar sujetos a mediación, los juicios sobre filiación, por ejemplo). d) Es una calidad que genera derechos personalísimos, lo que implica: i.- Que en los actos de estado civil, no se admita la representación legal, sino sólo la voluntaria (arts. 103, en cuanto a contraer matrimonio a través de un mandatario). ii.- Que son estrictamente personales las acciones judiciales para adquirirlo o protegerlo, y por lo tanto, intransferibles e intransmisibles (arts. 205; 212; 317). iii.- Que son inembargables ciertos derechos inherentes a estados civiles: art. 2466, “usufructo legal” del padre o madre y del marido en el caso de la sociedad conyugal. e) Es usualmente permanente. Lo que no significa que sea perpetuo.^14 5.5. La familia y el parentesco. a) La familia. Desde el punto de vista del Derecho, la familia es un conjunto de individuos unidos por vínculo de matrimonio o de parentesco o de convivencia civil. (^14) Vodanovic H., Antonio, ob. cit., Nº 657, pp. 424 y 425; Ducci Claro, Carlos, ob. cit., Nº 135, pp. 123 y 124.
Tres son en consecuencia las vertientes de la familia: el contrato de matrimonio, el parentesco y el contrato de acuerdo de unión civil. La anterior es la familia que produce plenos efectos desde el punto de vista jurídico. En algunos casos, la familia se extiende a la simple convivencia. Pero aquí los efectos son relativos o limitados. Teniendo presente lo dispuesto en el art. 992, inc. 1º, se concluye que el parentesco y la familia, desde el punto de vista sucesorio, se extiende hasta el sexto grado en la línea colateral, inclusive. b) El parentesco. b.1) Concepto y Clases. El parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas. Esta relación se establece atendiendo a tres vínculos diferentes: i.- Vínculo de sangre: que da origen al parentesco por consanguinidad. Son parientes consanguíneos los que tienen la misma sangre, y esto ocurre entre individuos que descienden unos de otros o entre los que descienden de un progenitor común, en cualquiera de sus grados. ii.- El matrimonio: da origen al parentesco por afinidad. Nace del matrimonio, y es el que existe entre una de dos personas que se han casado y los consanguíneos de la otra. Cabe consignar que este parentesco por afinidad no desaparece con la muerte de uno de los que le dieron origen por medio del matrimonio, como lo da a entender claramente el art. 31 del Código Civil, al aludir a persona “que está o ha estado casada”. También debe precisarse que no existe parentesco por afinidad entre los consanguíneos de una de dos personas que se han casado y los consanguíneos del otro. Así, por ejemplo, los consuegros o los concuñados no son parientes entre sí. iii.- El acuerdo de unión civil: genera parentesco entre los convivientes civiles. Este parentesco, denominado conviviente civil , sin embargo, es limitado , pues el art. 1° de la Ley N° 20.830 expresa que los convivientes civiles “serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil”. Este último artículo se refiere a los casos “en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona”, o sea, cuando deben concurrir a presencia judicial para diversos fines (por ejemplo, designar curador a una persona incapaz o atribuir el cuidado personal del hijo a una persona distinta de sus padres). En rigor, no es un verdadero parentesco, a pesar de que así lo afirme la Ley N° 20.830. No siendo este parentesco ni por consangunidad ni por afinidad, habría que calificarlo como “legal”. d) El reconocimiento de un hijo o de una hija, hecho por la segunda madre o por el segundo padre. De conformidad a la reforma hecha al Código Civil por la Ley Nº 21.400, una persona puede tener dos padres o dos madres. Ahora bien, respecto del segundo padre o de la segunda madre, el parentesco que se origina no es consanguíneo, pues no existe en realidad un vínculo de tal naturaleza entre el hijo o hija y su segundo padre o su segunda madre. Tampoco se trata, obviamente, de un parentesco por afinidad (lo sería si, de haber matrimonio, el hijo o hija no fuere propio sino que sólo del otro cónyuge). Por ende, y al igual que el caso anterior, estamos aquí ante un parentesco legal. En conclusión, el parentesco puede ser por consanguinidad , por afinidad o simplemente legal. b.2) Los cónyuges no son parientes entre sí. Cabe subrayar que los cónyuges no son parientes por afinidad. Aun cuando el Código Civil no resolvió el tema expresamente, la doctrina ha concluido que los cónyuges no son parientes afines entre sí. En efecto, no quedan comprendidos en el art. 31 ni tampoco es posible computar el grado de parentesco en que estarían si se aceptara la
