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Información del caso sobre leyes, Study notes of Latin literature

Infraccion sobre análisis del caso

Typology: Study notes

2023/2024

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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA
Análisis de caso
AUTORES:
Caballero Mozombite, Leydi Lucero
Cárdenas More Ana Rut
Chavarria Bolo, Ursula Shirley
Esquivel Rojas, Deysi Nicolle
Rodríguez Benites, Diego
Veneros Villanueva, Rosita Yanella
DOCENTE:
Jorge Antonio Rodríguez Castro
TRUJILLO- 2025
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

Análisis de caso AUTORES: Caballero Mozombite, Leydi Lucero Cárdenas More Ana Rut Chavarria Bolo, Ursula Shirley Esquivel Rojas, Deysi Nicolle Rodríguez Benites, Diego Veneros Villanueva, Rosita Yanella DOCENTE: Jorge Antonio Rodríguez Castro TRUJILLO- 2025

ANÁLISIS DEL CASO

CASO DE INVESTIGACIÒN: Municipalidad de Lima: 500 trabajadores denuncian despidos arbitrarios bajo gestión de Rafael López Aliaga DERECHOS VULNERADOS :

  1. Derecho a la estabilidad laboral: Los trabajadores dependen de su trabajo, del cual fueron despedidos arbitrariamente. Artículo 34° del Decreto Legislativo N° 728
  2. Derecho a la no discriminación y trato justo: El alcalde tenía 7500 trabajadores, de los cuales sólo despidió a 500 de ellos. Artículo 2°, inciso 2° de la Constitución Política del Perú.
  3. Derecho a la continuidad del vínculo laboral cuando existe contrato indeterminado: La mayoría de los trabajadores tenía contrato de régimen CAS indeterminado. Artículo 27° del Decreto Legislativo N° 1057
  4. Derecho a condiciones de vida digna: Tras el despido arbitrario, los trabajadores se quedaron sin sustento económico. Artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Argumento (historia del caso): En octubre de 2023, se dio a conocer un caso muy comentado en la ciudad de Lima: la Municipalidad, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, decidió no renovar el contrato de trabajo a más de 500 empleados. Estos trabajadores estaban contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), pero muchos de ellos tenían contratos de tipo indeterminado, lo que significa que no se les podía despedir sin una razón justificada. Según las denuncias, los trabajadores no recibieron ninguna explicación por parte de la Municipalidad. Simplemente se les dijo que ya no podían ingresar a sus centros de trabajo. Uno de los casos más visibles fue el de Patricia Tragodara, viuda del comediante “Gordo” Casaretto, quien había trabajado casi seis años en la Municipalidad. Ella contó que, a pesar de haber cumplido siempre con su trabajo, un día ya no la dejaron entrar y no le dieron ninguna razón. Otra trabajadora afectada fue Victoria Timaná, que se encargaba de la limpieza de un complejo deportivo desde el año 2016. Su sueldo era muy bajo de S/1.040 mensuales y la mitad se le iba en el

quedarse sin trabajo, en realidad está firmando bajo presión, y eso podría considerarse como una forma indirecta de despido encubierto o de vulneración de sus derechos. Por su parte, el alcalde Rafael López Aliaga declaró públicamente que no se trató de despidos arbitrarios sino de una decisión necesaria para poder liberar presupuesto y destinarlo a otros proyectos sociales. Sin embargo, aunque esa explicación pudiera tener sentido en términos administrativos, la falta de presupuesto no puede ser una justificación válida para dejar sin trabajo a tantas personas sin respetar la ley. Las normas laborales existen precisamente para evitar este tipo de situaciones, y si un trabajador tiene estabilidad laboral no se le puede quitar así como así. En ese sentido, este caso muestra cómo todavía hay muchas situaciones en el sector público donde no se respetan del todo los derechos laborales, y eso deja en una posición muy vulnerable a muchas personas que trabajan para el Estado. Hablamos de madres solteras, padres de familia, personas que llevan años en sus puestos y que ahora se ven de un día para otro sin sustento. Creo que este tipo de decisiones deberían analizarse mejor, con responsabilidad y pensando en el impacto humano que generan. Este tipo de casos deberían investigarse a fondo por las autoridades competentes, no solo para saber si se cumplió o no con la ley, sino también para evitar que se repitan situaciones parecidas en otras municipalidades u organismos públicos. Además, es importante que haya más transparencia en estos procesos y que se respete el marco legal en todas las gestiones municipales. Conclusiones Unas 500 trabajadoras de la Municipalidad de Lima fueron despedidas de una manera repentina sin que se les diera una razón específica. Muchos de ellos tenían contratos de régimen CAS indeterminado y llevaban más de cinco años trabajando en la institución. Se han quedado sin empleo de un día para otro. Esto ha afectado bastante a varias familias, sobre todo a personas que realmente necesitaban el trabajo, como madres solteras que ahora no saben cómo pagar el alquiler o los estudios de sus hijos. El alcalde Rafael López Aliaga mencionó que no se trata de despido sino de renovación. Además, estos despidos eran necesarios para ahorrar dinero y poder invertir en otros programas municipales. Sin embargo, el alcalde quiere tomar por alto los despidos dando un mes de trabajo. Algunos trabajadores están pensando en ir por la vía legal, porque sienten que los sacaron sin respetar sus derechos, ya que sienten que fueron despedidos de manera injusta y sin el debido proceso.

Recomendaciones Lo ideal sería que la Municipalidad de Lima pueda ser más clara y respetuosa con este tipo de decisiones. Si van a despedir a personas que han trabajado tantos años, deberían al menos explicar por qué los despiden y hacerlo de forma justa. Las autoridades deberían pensar más en las personas antes de tomar decisiones tan drásticas. No se puede dejar sin trabajo de un momento a otro a quienes realmente lo necesitan para mantener a sus familias. Lo mejor sería avisarles con anticipación y brindar algún tipo de apoyo para que no se queden desamparados de la noche a la mañana. El alcalde debería ser más transparente y reconocer que estas personas sí están siendo despedidas. Un mes más de trabajo no soluciona el problema de fondo. Lo justo sería buscar una forma de apoyar a los trabajadores afectados encontrando un equilibrio entre ahorrar dinero y cuidar a quienes han trabajado dignamente entregando su esfuerzo, compromiso y que hicieron bien su trabajo con responsabilidad. Nadie debería ser despedido sin una razón clara ni seguir un proceso justo. Las autoridades deberían escuchar sus reclamos. Lo más importante es que se trate a las personas con respeto y que actúe con justicia para no hacerles daño innecesario.