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TEMA 1 El Proceso Penal:
I. CONCEPTO Y FUNCIÓN:
El proceso como herramienta de la función jurisdiccional
● El Derecho objetivo (las normas jurídicas) no se aplica de manera automática en caso de conflicto, sino a
través de un proceso.
● En el ámbito penal, este proceso se llama proceso penal, que se inicia cuando se comete un hecho que
puede ser considerado delito y se busca aplicar el Derecho penal a ese caso.
Diferencia con otras ramas del Derecho
● En algunas áreas del Derecho (como el civil o mercantil), las partes pueden aplicar e interpretar las normas
sin necesidad de intervención judicial, por ejemplo, mediante contratos.
● Sin embargo, el Derecho penal siempre requiere la intervención de los tribunales porque su aplicación
implica resolver un conflicto entre el Estado y el acusado.
El principio de legalidad procesal
● El Derecho penal no solo se rige por el principio de legalidad material (no hay delito ni pena sin ley
previa: nullum crimen, nulla poena sine lege).
● También está sujeto al principio de legalidad procesal o garantía jurisdiccional, lo que significa que no
puede imponerse una pena sin un proceso penal previo (nullum crimen, nulla poena sine lege et sine
previo processum penale).
Normas que refuerzan esta idea
● Artículo 3.1 del Código Penal: Ninguna pena o medida de seguridad puede ejecutarse sin una sentencia
firme de un juez o tribunal competente.
● Artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: No se puede imponer una pena sin un proceso judicial
conforme a las leyes.
1. Diferencia entre el proceso penal y otros procesos judiciales
En el Derecho civil o laboral, quien inicia el proceso (el demandante) suele ser la misma persona que tiene el
derecho afectado. Es decir, si una persona tiene un contrato y la otra parte no lo cumple, el acreedor puede acudir a
los tribunales para reclamar su derecho.
Sin embargo, en el Derecho penal, esto no ocurre de la misma manera. En la mayoría de los países:
● La víctima del delito no es quien decide iniciar el proceso penal, sino el Estado, que actúa a través del
Ministerio Fiscal.
● El Estado es el único que puede imponer penas, mediante sus tribunales.
● No existe un "proceso penal privado" donde las partes decidan si se castiga o no un delito.
● Tampoco es posible un "arbitraje penal", es decir, que un tercero no judicial decida sobre el castigo.
Esto se debe a que los delitos afectan no solo a la víctima, sino también al orden social, por lo que el Estado
interviene como garante del cumplimiento del Derecho penal.
