Fiscalía: Sus excelencias, representación de la defensa, representación legal de las víctimas, muy
buenas tardes, mi nombre es Bryam Styven Ocampo Quinchuela y junto con mi coagente Crisstel
Paladines formamos parte de la representación de la fiscalía.
1.
la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia territorial sobre los crímenes de
encarcelamiento y desaparición forzada cometidos en Napulé y continuados en Rodemos,
aplicando el principio de territorialidad subjetiva. Este principio, respaldado por decisiones
previas de la CPI, establece que la Corte puede ejercer jurisdicción si una parte del crimen ocurre
en un Estado parte del Estatuto de Roma.
Respecto al crimen de encarcelamiento, el artículo 7.1.e del Estatuto de Roma define que se
configura cuando se priva de libertad a una persona en contravención del derecho internacional.
En el caso analizado, 700 manifestantes fueron detenidas sin autorización judicial, cumpliendo
con los elementos para que la Corte ejerza competencia territorial.
Sobre la desaparición forzada, el artículo 7.1.i establece que ocurre cuando una persona es
privada de libertad sin reconocimiento oficial. En el caso, el gobierno afirmó haber liberado a los
detenidos, pero registros portuarios muestran que 25 personas fueron trasladadas a Rodemos,
confirmando la falta de reconocimiento de su detención y justificando la competencia de la CPI.
Además, la Fiscalía argumenta que los hechos deben ser analizados dentro de un contexto de
crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 7.1 del Estatuto de Roma. Un ataque se
considera crimen de lesa humanidad si es generalizado o sistemático contra la población civil.
En este caso, la represión contra manifestantes y votantes demuestra sistematicidad, con un
modus operandi claro: detenciones, violencia y control de centros de votación.
El presidente Dudoc tenía conocimiento de estos crímenes, dado su rol como jefe de Estado y
comandante de las fuerzas armadas. Su participación en la crisis política y económica refuerza
la existencia de una política estatal de represión. Con base en estos argumentos, la Fiscalía
concluye que la CPI tiene competencia territorial sobre los crímenes mencionados y que los
hechos se configuran como crímenes de lesa humanidad.
2.
La fiscalía argumenta que el estándar de "hubiera debido saber", establecido en el artículo 28
del Estatuto de Roma, implica negligencia y puede acreditarse mediante evidencia directa o
circunstancial. En este caso, se destaca que el presidente Juan Andrés Dudock emitió órdenes
públicas y recibió información errónea sobre las víctimas, lo que demuestra que debía haber
sido consciente de la situación.
La representante de la fiscalía, Jessica Nieto, sostiene que Dudock, como jefe militar de iure
desde 2009, tenía control efectivo sobre sus subordinados y, por lo tanto, responsabilidad por
los crímenes cometidos. Se argumenta que existen pruebas suficientes para establecer que
debía saber sobre la comisión de los crímenes, pues recibió información pública y cobertura
mediática al respecto.
